La República Dominicana enfrenta una nueva amenaza arancelaria por parte de Estados Unidos, que acusa al país de importar productos elaborados con trabajo forzoso, junto a otras 59 economías. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que esta medida no es un ataque contra la nación, sino parte de una política pública estadounidense que hasta ahora no ha afectado la competitividad local.

Sanz Lovatón destacó que el Gobierno dominicano mantiene un diálogo activo con las autoridades estadounidenses y se coordina con el sector privado para abordar la situación. Aseguró que, a pesar de los aranceles del 10 % que se están aplicando, los productos agrícolas dominicanos continúan exentos, lo que ayuda a mantener la competitividad en el mercado.

Contexto de la acusación

La investigación que podría llevar a la imposición de nuevos aranceles a 60 economías finalizará «en semanas», según el titular de la USTR, Jamieson Greer. Esta no es la primera vez que la República Dominicana enfrenta medidas arancelarias; en abril de 2025, el entonces presidente Donald Trump anunció tarifas del 10 % para las exportaciones hacia Estados Unidos, justificando la medida como un esfuerzo por promover la manufactura estadounidense.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal esa imposición en febrero de este año, ordenando el reembolso de los aranceles cobrados. En este contexto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reafirmó el compromiso de la República Dominicana con los derechos laborales y el cumplimiento de los estándares internacionales de comercio.

El Conep valoró los esfuerzos del Gobierno y se mostró dispuesto a colaborar proporcionando información y apoyando iniciativas que permitan una mejor comprensión de la realidad local. La organización expresó confianza en que el diálogo técnico ayudará a resolver las inquietudes planteadas por Estados Unidos.

Otros países latinoamericanos, como México, Costa Rica y Honduras, también se ven afectados por esta acusación. México ha indicado que presentará información sobre sus acciones contra el trabajo forzoso, mientras que Costa Rica se comprometió a proteger los intereses de su sector productivo. Por su parte, el Gobierno hondureño considera la medida como una oportunidad para mejorar la inspección laboral y la trazabilidad productiva.

La situación ha generado reacciones en diversas naciones y bloques, incluyendo a la Unión Europea, India, China y Taiwán, que han expresado su preocupación por las medidas estadounidenses.