La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que el sistema Alerta RD activará protocolos de respuesta ante personas desaparecidas con la colaboración de unas 30 instituciones públicas. Este sistema busca fortalecer la respuesta del Estado en estos casos, según lo establecido por la reciente Ley 25-26 promulgada por el presidente Luis Abinader.

Raful explicó que las alertas deberán ser activadas de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público en un plazo no mayor de 24 horas tras la denuncia, que podrá realizarse de forma presencial o telefónica. Este enfoque busca asegurar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de desaparición.

Componentes del sistema

El sistema Alerta RD incluirá una evaluación coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Este mecanismo tiene como objetivo garantizar una intervención oportuna en los casos reportados.

Además, el sistema incorpora mecanismos especializados como la Alerta Amber para la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, y la Alerta Rosa para mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo.

El protocolo también contempla el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una unidad operativa de la Policía Nacional que coordinará la intervención inmediata de las entidades estatales competentes, asegurando la participación de las 30 instituciones mencionadas.

Raful destacó que esta legislación es el resultado de meses de trabajo técnico e interinstitucional, donde se definieron los procedimientos y escenarios para la activación de las alertas. Esto refleja un esfuerzo conjunto para mejorar la respuesta ante casos de desaparición.

La Ley 25-26 también establece la creación del Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que estará adscrito al Ministerio de Interior y Policía, y se encargará de orientar la implementación y desarrollo del sistema.

La ministra concluyó que la implementación de Alerta RD es un paso significativo para mejorar la protección de la ciudadanía y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante casos de desaparición.