Un juez federal de Rhode Island anuló las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump que mantenían en pausa los procesos de asilo y otros beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países. El juez John McConnell Jr. consideró que estas medidas violaban la ley y dejaban a miles de personas en un limbo legal.

En su decisión de más de 100 páginas, McConnell concluyó que las acciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fueron “arbitrarias y caprichosas”, y carecían de la autoridad legal para suspender la tramitación de solicitudes migratorias. El magistrado destacó que miles de inmigrantes que cumplían con los requisitos establecidos quedaron atrapados durante meses sin respuestas sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencia permanente o ciudadanía.

Impacto de la decisión

El juez afirmó que USCIS justificó las medidas con argumentos de seguridad nacional que consideró “meramente pretextuales”, indicando que detrás de estas decisiones había consideraciones antiinmigrantes incompatibles con la ley federal. La suspensión de los procesos migratorios afectó principalmente a ciudadanos de países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio, incluidos Cuba, Venezuela y Haití.

McConnell subrayó que las restricciones se aplicaron únicamente por el lugar de nacimiento de los solicitantes y no por conductas individuales. Esta política fue implementada tras un incidente en noviembre de 2025, cuando un ciudadano afgano fue acusado de atacar a miembros de la Guardia Nacional en Washington, lo que llevó a la administración Trump a ampliar las restricciones migratorias.

Reacciones a la sentencia

La sentencia fue celebrada por organizaciones defensoras de inmigrantes y sindicatos que promovieron la demanda judicial contra las medidas federales. Democracy Forward, una de las organizaciones involucradas, calificó la decisión como una reafirmación de los principios básicos del sistema migratorio estadounidense.

La presidenta de la organización, Skye Perryman, afirmó que el Gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su origen nacional. Destacó que el fallo refuerza el respeto al debido proceso y la igualdad ante la ley.

Con esta decisión judicial, USCIS deberá reanudar la tramitación de las solicitudes migratorias que permanecían congeladas, aunque se anticipa que la administración estadounidense evalúe posibles recursos de apelación.