El abogado Aneuris Mercedes expresó este miércoles sus dudas sobre la aplicación de las disposiciones del nuevo Código Penal que regulan la publicación de audios, imágenes y contenidos de personas sin su consentimiento, argumentando que varios de esos artículos enfrentan cuestionamientos de constitucionalidad. A pocos meses de la entrada en vigencia de la nueva legislación, el Tribunal Constitucional ha recibido diversas acciones directas de inconstitucionalidad promovidas por sectores que consideran que algunas disposiciones podrían vulnerar derechos fundamentales.

Mercedes afirmó que cree que ese artículo no se aplicará, ya que el Tribunal Constitucional ha recibido varias acciones de inconstitucionalidad contra artículos que distintos sectores, incluidos representantes de los medios de comunicación, consideran lesivos. Se pronunció sobre este y otros temas durante una entrevista en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.

El jurista destacó que la reforma penal busca enfrentar conductas que afectan seriamente a las personas, sobre todo en relación con la difamación y la divulgación de informaciones que pueden perjudicar la reputación de un individuo. Argumentó que los daños provocados por acusaciones o publicaciones difamatorias pueden tener consecuencias duraderas en la vida personal, familiar y profesional de quienes las sufren.

Mercedes también señaló que, en la era digital, las informaciones publicadas en internet pueden permanecer disponibles durante décadas, incluso si una persona ha sido descargada de responsabilidad o puesta en libertad por las autoridades. “Estamos frente a una realidad en la que determinadas publicaciones permanecen en circulación durante años y pueden afectar la imagen de una persona ante futuras generaciones”, indicó.

El abogado consideró que la implementación del nuevo Código Penal representa un proceso de transformación jurídica que generará importantes debates en la sociedad dominicana, especialmente en temas relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección de la honra y la reputación. Finalmente, manifestó que el alcance de algunas de las nuevas disposiciones deberá ser definido por los tribunales y por las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional respecto a los recursos actualmente sometidos a su consideración.