Diez personas han muerto en Bolivia debido a bloqueos de carreteras, incluyendo a una niña de 12 años con cáncer que no pudo recibir tratamiento en La Paz. Los bloqueos, que han afectado al país durante más de un mes, son impulsados por sindicatos campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La presidenta de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (AVCCI), Ana Carola Torres, confirmó que la menor vivía en Tambo Quemado, cerca de la frontera con Chile, y que su tratamiento de quimioterapia estaba programado para el 18 de mayo. Sin embargo, sus padres intentaron cruzar por diferentes rutas bloqueadas, pero no lograron llegar al hospital y tuvieron que regresar a su hogar.

La niña, diagnosticada con un linfoma linfoblástico de células B, falleció el lunes tras presentar fiebre y hemorragias. Torres expresó el dolor de los padres al ver sufrir a su hija y advirtió que otros diez niños con cáncer enfrentan la misma situación, especialmente en áreas rurales de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

La presidenta de AVCCI cuestionó la decisión de los manifestantes de no permitir el paso de ambulancias y vehículos con enfermos, argumentando que se prioriza «el derecho a la protesta por encima del derecho a la vida».

Además, la Fiscalía investiga la muerte de un joven que recibió un disparo durante un operativo policial el 23 de mayo, destinado a desbloquear una carretera. La Defensoría del Pueblo también reportó otros dos fallecidos en circunstancias que están bajo investigación.

Los bloqueos han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país. Estos son liderados por sindicatos campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), quienes continúan exigiendo la renuncia del presidente Paz.

El pasado miércoles, el Legislativo de Bolivia intentó mediar entre el Gobierno y los sectores sociales en protesta, con la participación de la Iglesia católica y activistas de derechos humanos. Esta iniciativa fue impulsada por el vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, y los líderes de las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento.