El presidente francés, Emmanuel Macron, ha impulsado la derogación formal del Código Negro, un reconocimiento tardío de una de las etapas más oscuras de la historia moderna de Francia. Esta decisión, sin embargo, plantea la pregunta de si una nación puede reparar una ofensa histórica sin pedir perdón por ella. Macron afirmó que el silencio mantenido durante casi dos siglos frente a este código se ha convertido en una ofensa.

El Código Negro, promulgado en 1685 por el rey Luis XIV, fue un texto que institucionalizó la deshumanización, transformando a seres humanos en propiedad y legitimando un sistema económico basado en la explotación de millones de africanos esclavizados. Francia se benefició enormemente de este sistema, transportando aproximadamente 1,4 millones de africanos hacia sus colonias y enriqueciendo ciudades como Nantes y Burdeos con productos como el azúcar y el café.

A pesar de la acumulación de riquezas en Europa, las consecuencias sociales y económicas de la esclavitud persisten en los territorios coloniales. Más de un siglo y medio después de la abolición de la esclavitud en 1848, los departamentos franceses de ultramar, como Guadalupe y Martinica, muestran indicadores sociales muy inferiores a los de la Francia continental.

La pobreza, el desempleo y la dependencia económica siguen afectando a estos territorios, cuyos habitantes son ciudadanos franceses en igualdad jurídica, pero no en igualdad real. Esta situación revela una contradicción en la República que proclama «Libertad, Igualdad y Fraternidad», manteniendo profundas brechas entre París y las regiones explotadas durante siglos.

El diputado guadalupeño Max Mathiasin, defensor de la derogación, ha denunciado que los puestos más importantes en la administración estatal en Guadalupe son ocupados predominantemente por blancos, lo que reabre el debate sobre las desigualdades heredadas del colonialismo. La derogación del Código Negro es un gesto simbólico, pero la pregunta es si Francia está dispuesta a hacer más que un simple acto legal.

Eliminar una ley obsoleta no implica sacrificios políticos significativos, pero reconocer el impacto económico del esclavismo y combatir las desigualdades estructurales sí lo requiere. La historia demuestra que las injusticias no se olvidan, y como dijo el filósofo George Santayana, «quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo».

Aunque Francia ha dado un paso necesario con la derogación del Código Negro, la verdadera reconciliación dependerá de que la igualdad prometida por la República se convierta en una realidad para millones de descendientes de aquellos que fueron esclavizados. La dignidad no se restaura solo eliminando palabras de una ley, sino corrigiendo las consecuencias de esas palabras que aún se sienten hoy.