Una corte penal de El Salvador condenó a 254 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) a penas de hasta 85 años de prisión tras un juicio masivo que duró más de un mes y medio, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los condenados pertenecen a las células ‘Park View Locos Salvatruchos’, que operaron en más del 50% del territorio del departamento de Cabañas entre 2013 y 2022, generando temor entre los residentes de la zona.

Entre los sentenciados se encuentra el cabecilla de la célula, Eugenio Morales, apodado ‘Little Pesadilla’, quien recibió la máxima pena por delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de droga con fines de tráfico.

La FGR indicó que los pandilleros desempeñaban diversas funciones que les permitían mantener el control y facilitar sus actividades delictivas en distintas áreas de Cabañas. La sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

La condena se logró tras una audiencia única que se extendió por más de un mes y medio, durante la cual se presentó abundante evidencia por parte de la representación fiscal.

La FGR explicó que este modelo de audiencia única, implementado desde diciembre pasado, se estableció a raíz de una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, permitiendo procesar de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente.

Este enfoque facilita el juzgamiento de los pandilleros por su pertenencia a la organización, acelerando las condenas y manteniendo el proceso abierto para incluir futuros casos de la misma célula.

La reforma, que se enmarca en el polémico régimen de excepción, ha sido una de las principales estrategias del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, lo que le ha permitido mantener una alta aprobación entre los salvadoreños y conseguir su reelección inmediata para un segundo mandato.

Desde la implementación de esta medida, se han registrado más de 92,000 capturas, aunque también ha generado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y alrededor de 530 muertes en custodia estatal, según informes de organizaciones humanitarias.