El Movimiento Sindical Conjunto (JTUM) de Trinidad y Tobago condenó la nueva legislación que prohíbe las protestas en un radio de 500 metros alrededor de 15 sedes gubernamentales, incluyendo la Casa Roja y los aeropuertos del país. La orden, firmada por el comisario de Policía Allister Guevarro, ya está en vigor y ha generado un fuerte rechazo por parte del sindicato.

La JTUM considera que estas restricciones son un abuso de autoridad y reflejan una falta de sensibilidad hacia los ciudadanos que desean manifestarse de manera pacífica. El sindicato enfatizó que siempre ha cumplido con la ley y que no hay evidencia reciente que sugiera lo contrario.

Reacciones y contexto

La organización sindical exigió la derogación inmediata de la Notificación Legal número 40 de 2026, que otorga amplios poderes a la Policía en el contexto del estado de emergencia. Este anuncio se produjo el mismo día en que se realizó una protesta frente a la Oficina del Fiscal General en Puerto España, en apoyo a una pareja que murió tras un incidente policial en San Agustín.

El Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) argumentó que no se había concedido permiso para la manifestación y advirtió que cualquier reunión no autorizada sería considerada una infracción de las normas de emergencia. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, criticó a los manifestantes, acusándolos de intentar provocar a la Policía.

El estado de emergencia fue declarado a principios de marzo debido a un aumento en la actividad delictiva violenta y los asesinatos relacionados con bandas criminales. Este estado de emergencia se implementó tras la finalización de uno anterior el 31 de enero.

Trinidad y Tobago enfrenta un incremento en la violencia y la criminalidad, con cifras récord de homicidios en los últimos años. En 2024, se registraron 626 homicidios, aunque esta cifra disminuyó a 368 en 2025.