El abogado Luis Yépez Suncar expresó su preocupación por el uso creciente de la prisión preventiva como medida de coerción en casos de relevancia pública, lo que considera una vulneración de derechos fundamentales y una pena anticipada. Yépez Suncar hizo estas declaraciones en su análisis semanal “Mi pensamiento en dos minutos”, donde criticó que el ministerio público haya convertido esta solicitud en una norma general.

El jurista destacó que, a pesar de que muchos imputados presentan condiciones claras de arraigo, como un domicilio fijo y una familia estable, los jueces suelen acoger las solicitudes de prisión preventiva. Atribuyó esta tendencia a presiones mediáticas y a un populismo penal que distorsiona la administración de justicia.

Yépez Suncar advirtió que esta práctica ha contribuido al hacinamiento en los centros penitenciarios del país, donde una gran parte de los internos se encuentra en prisión preventiva. Recordó que uno de los motivos para la transición hacia el actual Código Procesal Penal fue corregir el uso indiscriminado de la privación de libertad antes de una sentencia definitiva.

El abogado subrayó que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, reservada para casos donde exista un riesgo real de fuga o de obstrucción del proceso investigativo. De no ser así, su imposición sería una violación al principio constitucional de presunción de inocencia.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que revisen esta práctica y apliquen las medidas de coerción de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. “Nadie podrá compensar el daño causado a un ciudadano que, tras haber sido sometido a prisión preventiva, resulte posteriormente absuelto por falta de pruebas”, concluyó.