Los voceros de los principales bloques partidarios en la Cámara de Diputados manifestaron su interés en revisar el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la divulgación de encuestas electorales hasta la precampaña de 2027. Aunque coincidieron en la necesidad de discutir la medida, presentaron posturas diferentes sobre su legalidad y alcance.

Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendió la institucionalidad de la JCE y afirmó que cualquier decisión puede ser revisada si el órgano electoral lo considera necesario. Díaz instó a evitar cuestionamientos que puedan desacreditar a la institución y destacó que la JCE debe recibir un «voto de confianza».

Por su parte, Rafael Castillo, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, reconoció la potestad regulatoria de la JCE, pero sugirió que el tema podría ser discutido nuevamente entre los partidos. Castillo enfatizó que el reglamento es resultado de discusiones previas y que se debe llegar a una decisión final a través de un proceso de conversación.

Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó la legalidad del reglamento, argumentando que no puede sustituir lo establecido por la ley o la Constitución. Sánchez propuso una revisión de la medida y afirmó que cualquier cambio sobre la publicación de encuestas debería corresponder al Congreso Nacional.

El dirigente del PLD también vinculó la decisión de la JCE con el contexto político actual y los resultados de encuestas recientes que indican un crecimiento en la militancia de su partido. Además, sugirió que la Junta debería enfocarse en fiscalizar otras actividades políticas prohibidas por la ley.

A pesar de las solicitudes de revisión, durante la audiencia de la JCE con los partidos, la mayoría estuvo de acuerdo en frenar la publicación de encuestas en este momento. La normativa, que fue publicada oficialmente el 22 de mayo, establece sanciones para las encuestadoras que divulguen estudios antes del inicio formal de la precampaña.

La decisión de la JCE contrasta con la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, que solo prohíbe la divulgación de encuestas ocho días antes de las elecciones. Esta discrepancia ha generado un debate sobre la regulación de las encuestas en el país.