En Villa Tapia, durante los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, los residentes expresaron su preocupación por la inestabilidad del voltaje eléctrico, que dañaba electrodomésticos y causaba pérdidas a pequeños negocios. Para una familia de escasos recursos, un “bajón” eléctrico puede significar la pérdida de una nevera o la interrupción de tratamientos médicos. Así, se evidenció que la dignidad también se mide en la estabilidad de los servicios básicos.

La situación fue registrada en el Sistema M158 como una afectación al derecho a la seguridad humana y al acceso efectivo a servicios públicos. Según la matriz de incidencia de la Ruta de los Diálogos, esta problemática impactó directamente a 2,200 personas, con un efecto indirecto en aproximadamente 5,000 ciudadanos, alcanzando un total cercano a 7,200 personas. Esto demuestra que no se trataba de una queja aislada, sino de un desafío que afectaba la vida familiar y la economía local.

Tras escuchar las inquietudes de la comunidad, se coordinó la gestión con la empresa distribuidora de electricidad, la gobernación provincial y el ayuntamiento. Se reemplazaron transformadores deteriorados, se instalaron nuevas unidades y se reguló la carga eléctrica para estabilizar el voltaje. Semanas después, los residentes confirmaron que los electrodomésticos dejaron de dañarse y los comercios recuperaron su estabilidad.

Esta intervención pone de manifiesto que los servicios públicos son esenciales y no meros trámites administrativos. El artículo 147 de la Constitución Dominicana establece que deben ser universales, accesibles y eficientes, mientras que el artículo 59 reconoce el derecho a una vivienda digna con servicios básicos. La estabilización del servicio eléctrico no solo mejora la red, sino que también protege los hogares y fortalece la economía familiar.

Villa Tapia ilustra cómo el Estado se legitima al resolver las necesidades de la población. Un transformador en funcionamiento, una nevera que no se quema y un colmado que opera son ejemplos concretos del bien común. Cuando la comunidad se expresa y el Estado actúa, la dignidad se convierte en una experiencia cotidiana y no en una promesa vacía.