Representantes de víctimas del colapso del Jet Set expresaron su «indignación» ante la decisión del juez de instrucción, Reymundo Mejía, quien mantuvo la calificación de homicidio involuntario en el caso de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Aseguraron que continuarán luchando para que se modifique esta tipificación, que consideran injusta.

Luis Custodio, del Movimiento Justicia Jet Set, criticó las valoraciones del magistrado, argumentando que favorecen a los propietarios del establecimiento donde perdieron la vida 236 personas y más de un centenar resultaron heridas. Custodio enfatizó que el Estado ha fallado en su deber de justicia y que el juez no debería haber hecho una exposición sobre lo que considera humanamente posible.

El abogado Jeancarlos Martínez Segura, representante de ocho víctimas, coincidió en que el juez realizó una buena exposición, pero que se extralimitó en sus funciones al rechazar el homicidio voluntario. Martínez Segura adelantó que continuarán con su solicitud en la siguiente etapa del juicio contra los dueños del Jet Set.

El juez Reymundo Mejía, al mantener la calificación de homicidio involuntario, dictó la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Espaillat, propietarios del icónico establecimiento. Además, decidió no imponer prisión preventiva a los imputados, manteniendo en su lugar garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, así como un impedimento de salida del país y presentación periódica.

Asimismo, el magistrado mantuvo las órdenes de inmovilización y secuestro de los bienes de los imputados. También acogió medidas conservatorias, incluyendo embargos y la inscripción de hipotecas sobre bienes inmuebles y activos por un valor de 500 millones de pesos, equivalente al doble de la suma principal.

El juez admitió a los terceros civilmente demandados, que incluyen a Inversiones E y L, S. R. L.; Difusora Hemisferio, S. R. L.; Radio Cadena Comercial, S. R. L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.