Una víctima de violencia de género, la venezolana Mildred Rivas Felizola, no puede apelar una sentencia dictada en su contra debido a que el tribunal de San Pedro de Macorís no ha entregado la lectura íntegra de la decisión que extinguió el proceso penal contra el acusado, el capitán del Ejército y empresario Orlando Ramírez.

El pasado 2 de octubre, los jueces Carlos Peña Martínez, Delfina Phillipes Silvestre y Johan Manuel Medina Polanco declararon la extinción del proceso penal por vencimiento del plazo, fallando a favor de Ramírez, quien es acusado de violencia de género y trata de personas en perjuicio de Rivas Felizola.

El tribunal había anunciado la lectura íntegra para el 23 de octubre, pero hasta la fecha no se ha cumplido con esta entrega. Ante la falta de respuesta, la procuradora adjunta María del Carmen De León interpuso una solicitud de pronto despacho y, ante el silencio del tribunal, presentó una queja por retardo en justicia.

La situación ha dejado a Rivas Felizola en un estado de indefensión, sin poder ejercer su derecho a apelar la decisión. A pesar de haber presentado múltiples querellas contra su expareja, el proceso ha enfrentado constantes aplazamientos, lo que ha dificultado que el Ministerio Público presente su acusación desde 2022.

Durante la audiencia, De León argumentó que el tiempo transcurrido afectaba también a la víctima, un aspecto que el tribunal no consideró al decidir extinguir el caso. Familiares y amigos de Rivas Felizola han hecho un llamado al Poder Judicial para que se entregue la sentencia íntegra y se respete el debido proceso.

El Ministerio Público sostiene que Ramírez ha utilizado tácticas dilatorias para obstaculizar el juicio, que comenzó hace aproximadamente seis años, y que cometió agresiones físicas en diversas ocasiones contra su expareja.