Venezuela defendió su derecho «irrenunciable» a la región del Esequibo, rica en petróleo, durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde se discute una antigua disputa territorial con Guyana. El representante venezolano, Samuel Moncada, afirmó que el país está decidido a defender sus derechos históricos de manera pacífica.

La CIJ lleva a cabo una semana de audiencias sobre este diferendo, que ha generado tensiones y podría provocar conflictos militares. Moncada, quien lucía una chapa con el mapa de Venezuela que incluye el territorio en disputa, destacó que la reclamación de Venezuela se basa en derechos históricos que considera irrenunciables.

La disputa se remonta a los años 1800 y se intensificó tras el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos por ExxonMobil en 2015, lo que posicionó a Guyana como el país con mayores reservas de crudo per cápita. El Esequibo representa más de dos tercios del territorio guyanés, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama el Esequibo, que se extiende a lo largo del río del mismo nombre y abarca 160,000 kilómetros cuadrados. La CIJ deberá evaluar la validez de la frontera establecida en 1899, durante el dominio colonial británico, y Venezuela argumenta que esta debería ser trazada según un acuerdo de 1966, firmado antes de la independencia de Guyana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, enfatizó ante los jueces que el caso es de «importancia existencial» para su país, ya que afecta a más del 70% de su territorio. Todd advirtió que la pérdida de esta región sería una tragedia para Guyana, privándola de gran parte de sus tierras y población.

Moncada, por su parte, desestimó la caracterización de Guyana sobre la amenaza a su integridad territorial, calificándola de «interpretación errónea» y «engañosa». Afirmó que Venezuela no ha consentido en someter esta controversia a la jurisdicción de la CIJ, argumentando que la delegación de asuntos vitales a instancias internacionales ha sido perjudicial para su soberanía.

Aunque las audiencias concluirán el lunes, la sentencia de la CIJ podría tardar meses o incluso años en emitirse. Las decisiones de la corte son vinculantes, pero carecen de mecanismos para asegurar su cumplimiento.