Una mujer venezolana que denunció violencia de género contra su expareja enfrenta dificultades para apelar un fallo judicial en San Pedro de Macorís, que declaró extinguida la acción penal contra el acusado. Esto se debe a que el tribunal aún no ha entregado la sentencia completa, a pesar de que la decisión fue tomada el 2 de octubre por los jueces Carlos Peña Martínez, Delfina Phillipes Silvestre y Johan Manuel Medina Polanco.

El fallo benefició al militar y empresario Orlando Ramírez Martínez, quien es acusado por el Ministerio Público de violencia de género y trata de personas en perjuicio de su expareja, Mildred Alexandra Rivas Felizola. Aunque el tribunal había programado la lectura de la sentencia para el 23 de octubre, hasta ahora no se ha cumplido con la entrega del documento.

La procuradora adjunta y coordinadora del caso, María del Carmen De León, ha solicitado un pronto despacho y ha interpuesto una queja por retardo de justicia, debido a la falta de respuesta del tribunal. Esta situación ha dejado a la querellante sin la posibilidad de ejercer su derecho a recurrir el fallo.

Familiares y amigos de Rivas Felizola han expresado su preocupación, argumentando que la falta de entrega de la decisión afecta sus garantías procesales. La mujer ha presentado varias querellas contra su expareja, y aunque en 2022 se dictó un auto de apertura a juicio, el proceso ha estado marcado por aplazamientos y largos intervalos entre audiencias.

Durante la audiencia donde se conoció la solicitud de extinción, la magistrada De León se opuso a la misma, señalando que el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso también ha impactado a la víctima, un aspecto que debería ser considerado en la decisión del tribunal.

Los familiares de Rivas Felizola han hecho un llamado al Poder Judicial para que se entregue de inmediato la sentencia íntegra y se garantice que la mujer pueda apelar. También han solicitado que se respete el debido proceso y las garantías de todas las partes involucradas en el caso.