La creación de un impuesto selectivo al consumo ad-valorem del 55% a los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, establecido en el Artículo 43 de la “Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”, ha generado controversia en República Dominicana. Este impuesto ha reavivado el debate sobre su justificación y la necesidad de alinear las decisiones de consumo con las políticas públicas de salud. La discusión se centra en la diferencia entre los vapes y los cigarrillos convencionales, especialmente en términos de salud pública.

Aunque no se puede afirmar que los dispositivos de vapeo sean completamente inofensivos, muchos estudios sugieren que representan una alternativa más saludable en comparación con los cigarrillos tradicionales. Sin embargo, aplicar la misma carga fiscal a ambos productos puede ser engañoso, ya que los vapes no generan combustión, lo que reduce la producción de sustancias tóxicas. La literatura científica respalda que los cigarrillos convencionales tienen un impacto negativo en la salud mucho mayor que los vapes.

Implicaciones del nuevo impuesto

Equiparar la fiscalidad de los vapes con la de los cigarrillos convencionales no es una práctica común a nivel internacional. Un estudio de Arozamena et al. señala que la tributación óptima debe basarse en el riesgo y utilizar impuestos específicos en lugar de ad-valorem. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también sugiere que las tasas impositivas deben alinearse con la externalidad negativa de cada producto, favoreciendo a aquellos que, aunque perjudiciales, reducen la exposición a sustancias tóxicas.

El nuevo impuesto podría elevar significativamente el precio de los dispositivos de vapeo, pasando de RD$450.00 a RD$854.00, lo que podría fomentar el comercio ilícito. Se estima que el consumo podría desplomarse un 75%, afectando principalmente a los hogares de bajos ingresos, que representan cerca del 70% del consumo de vapes en el país. Esto podría resultar en una caída en las recaudaciones fiscales, en lugar del aumento esperado por el gobierno.

La historia reciente en República Dominicana muestra que incrementos impositivos excesivos en productos como el alcohol y los cigarrillos han llevado a un aumento del consumo ilícito y a una disminución de las recaudaciones. La reforma tributaria de 2012 es un claro ejemplo de cómo decisiones similares resultaron en un fracaso fiscal.

El enfoque en la salud pública debería haber sido el criterio principal para la implementación de este nuevo impuesto. Sin embargo, al igualar los precios de los vapes y los cigarrillos convencionales, se corre el riesgo de revertir los avances en la reducción del consumo de tabaco. La diferenciación fiscal entre ambos productos debería considerarse una herramienta de salud pública, incentivando la migración hacia alternativas menos dañinas.

Finalmente, el diseño del impuesto ad-valorem propuesto podría resultar en un fracaso tanto en términos de salud pública como de recaudación fiscal. La falta de alineación entre los datos fiscales y de salud podría llevar a una situación en la que se priorizan los objetivos recaudatorios sobre la protección de la salud de la población. Esto podría resultar en un escenario perjudicial para ambos aspectos, evidenciando la necesidad de una revisión crítica de la política fiscal en relación con el consumo de tabaco y productos de vapeo.