La Procuraduría General de la República ha puesto en funcionamiento una nueva Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en Hato Mayor.
Esta iniciativa busca mejorar el acceso a la justicia en la provincia.
La inauguración fue liderada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien destacó que estas instalaciones ofrecerán atención especializada y representación legal a las víctimas, especialmente a aquellas que no tienen recursos para contratar un abogado.
Reynoso también enfatizó la importancia de fortalecer la prevención de la violencia desde la familia, la escuela y la sociedad.
“No podemos aspirar a reducir la conflictividad social si no se trabaja en esas tres instancias”, afirmó durante el acto.
Datos sobre la violencia en el país
Según información del Ministerio Público, en el primer trimestre de 2026 se registraron 17,525 denuncias a nivel nacional por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
Además, en 2025 se recibieron más de 73 mil denuncias relacionadas con estos casos.
Las nuevas oficinas están localizadas en la calle Palo Hincado, en el sector La Guama.
Contarán con un equipo multidisciplinario que incluye fiscales, psicólogos, médicos forenses, trabajadores sociales y personal de apoyo.
Durante la inauguración, Reynoso anunció que la provincia también recibió una ambulancia para el levantamiento de cadáveres y la creación de una fiscalía comunitaria en el municipio Sabana de la Mar antes de finalizar el año 2026.
Colaboración interinstitucional
En el evento participaron diversas autoridades locales y representantes del sistema de justicia, incluyendo a la gobernadora Maribel Simón y el senador Cristóbal Castillo.
La procuradora general también explicó que el servicio de Relevic permitirá a las víctimas recibir representación legal gratuita, asegurando así el acceso equitativo a la justicia.
Por su parte, la fiscal Marleni Guante mencionó que la unidad trabajará en coordinación con instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud Pública para garantizar la atención y seguimiento de los casos.
