El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) deberá pagar más de RD$18 millones a Moisés Crespo, un diplomático cuya destitución fue anulada por los tribunales. Esta decisión se enmarca en una serie de litigios que surgieron tras el cambio de gobierno en 2020, cuando varios exfuncionarios alegaron violaciones al debido proceso y reclamaron reintegros e indemnizaciones.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional fallaron a favor de Crespo, quien tenía la condición de funcionario de carrera diplomática y no podía ser separado sin seguir el procedimiento legal correspondiente. El fallo obliga al Estado a pagar salarios acumulados desde 2020, cifra que sigue aumentando mientras no se produzca su reintegro.

El Mirex argumenta que Crespo no trabajaba efectivamente desde 2018 debido a licencias médicas prolongadas y que no hay registros de su reincorporación formal. Este caso es uno de los más destacados entre varios que han seguido un camino similar en los tribunales.

Otro exfuncionario, Juan Ramón Ávila Ceballos, quien fue embajador alterno ante la ONU, también recibió una sentencia favorable en el TSA tras su desvinculación por decreto presidencial. Sin embargo, el Mirex ha recurrido esta decisión ante la SCJ, lo que ha prolongado el conflicto judicial.

En contraste, otros demandantes no han tenido el mismo éxito. Jorge Alberto de León Amparo, exencargado del Departamento de México y Centroamérica, perdió su solicitud de reintegro, ya que el TSA determinó que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción. El tribunal solo ordenó el pago de beneficios laborales pendientes en su caso.

Irma Milagros Castro también enfrentó una situación similar. Aunque reclamó salarios y compensaciones tras su desvinculación, el TSA concluyó que no pertenecía formalmente a la carrera diplomática, aunque se le ordenó al Mirex pagar parte de los beneficios económicos que reclamaba.

Estas decisiones judiciales han reavivado el debate sobre la estabilidad de la carrera diplomática y las implicaciones económicas de estos litigios para el Estado dominicano. La situación ha sido compleja, especialmente considerando que el servicio exterior había estado marcado por numerosos «diplomáticos» que cobraban sin cumplir con sus funciones.

La nueva Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior (630-16) ha reformado significativamente el marco regulatorio del servicio diplomático, estableciendo un sistema más formal para la carrera diplomática. Esta ley incluye requisitos de ingreso, ascensos y un régimen transitorio para que funcionarios existentes puedan incorporarse formalmente a la carrera, lo que ha sido central en los litigios posteriores a las desvinculaciones de 2020.