La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal ha tomado una decisión crucial al rechazar la solicitud de reposición de plazos procesales presentada por Víctor Darío Valenzuela Mateo, quien enfrenta acusaciones de presunto abuso de bienes sociales en detrimento de su socio, Ángel Darío Valenzuela Cabrera.

Este fallo responde a un intento del imputado por reabrir los plazos destinados a la presentación de su defensa y la entrega de pruebas.

Sin embargo, el tribunal determinó que dichos plazos ya se encontraban “ventajosamente vencidos” y no había causa legal que justificara su reapertura, lo que complica aún más la situación de Valenzuela Mateo.

El caso se originó a raíz de una acusación penal privada presentada el 23 de diciembre de 2025, donde se le atribuye al acusado la comisión de abuso de bienes sociales, así como la negativa de presentar informes financieros y la obstrucción de la labor de verificación contable en la empresa Servicentro La Cruz, S.R.L., que opera una estación de combustible en San Cristóbal.

Detalles de la Acusación

Según la acusación, Valenzuela Mateo habría dispuesto de manera dolosa de aproximadamente 16 millones de pesos, transfiriéndolos a una cuenta personal el 26 de marzo de 2025, lo que representa un perjuicio significativo tanto para la sociedad como para su socio.

Esta acción ha sido considerada como un grave delito que pone en entredicho la integridad de la gestión empresarial.

En la audiencia más reciente, el imputado no se presentó, alegando su estado de salud mediante un certificado médico que indicaba que se encontraba en su séptimo día de internamiento en un centro de salud.

Sin embargo, el tribunal desestimó este argumento, considerándolo insuficiente para justificar su incomparecencia y la solicitud procesal presentada.

Consecuencias Legales y Próximos Pasos

Si Valenzuela Mateo es hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión, además de la obligación de pagar 270 salarios mínimos y una indemnización que se estima en 150 millones de pesos por daños y perjuicios.

Estas sanciones reflejan la gravedad de las acusaciones en su contra y el impacto que podrían tener en su futuro.

La próxima audiencia ha sido programada para el 30 de abril de 2026, momento en el que se espera que se continúe y posiblemente culmine el juicio.

Este proceso es impulsado por Ángel Darío Valenzuela Cabrera y la sociedad Servicentro La Cruz, S.R.L., quienes están representados por un equipo de abogados compuesto por Taniel Agramonte, Ángel Guzmán, Rafael Alcántara y Jorge A.

López Hilario.