La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, descartó este viernes la acusación de terrorismo en el caso de presunta corrupción en el Intrant, al determinar que el presunto sabotaje a la red semafórica de Santo Domingo «no reúne los elementos exigidos» por la legislación dominicana para configurar ese delito.

Durante la lectura de su decisión, Rivas explicó que, aunque las acciones afectaron el funcionamiento de los semáforos, no hay pruebas que indiquen que estas estaban dirigidas a provocar muertes, lesiones o un temor generalizado en la población, requisitos necesarios para calificar un acto como terrorismo según la ley.

Detalles del caso

La jueza comparó el caso con un precedente judicial de 2016, donde se acreditaron los elementos para calificar un acto como terrorismo en un ataque al Metro de Santo Domingo. En ese caso, se utilizó un artefacto incendiario que causó daños físicos y psicológicos a personas, así como daños a una infraestructura estratégica.

Rivas enfatizó que en el expediente del Intrant no se describen daños a infraestructuras estratégicas ni se identifican víctimas que hayan sufrido lesiones. Además, no se demostró que las acciones de los imputados generaran un estado de temor en la población.

La magistrada subrayó que el elemento clave para considerar un acto como terrorismo es la finalidad de la acción, no el medio utilizado. Según ella, la ley exige que la conducta esté orientada a provocar muertes, heridas o daños graves con el propósito de atemorizar a la población o afectar relaciones internacionales.

A pesar de descartar la acusación de terrorismo, la jueza Rivas mantuvo el cargo de sabotaje y otros delitos relacionados. La acusación sostiene que se realizaron intervenciones en la red semafórica que impidieron al Intrant reprogramar los tiempos de los semáforos.

Además, se enviaron a juicio las imputaciones de coalición de funcionarios, estafa, desfalco, asociación de malhechores y falsedad de documentos. La magistrada destacó que la acusación describe actuaciones contrarias a la Ley de Compras y Contrataciones durante la licitación del contrato a la empresa Transcore Latam.

En cuanto a la estafa y el desfalco, se mencionaron maniobras fraudulentas para obtener recursos públicos. También se mantuvo la acusación de falsedad de documentos, al considerar que se utilizaron documentos presuntamente falsificados en perjuicio del Intrant.

Con esta decisión, la jueza envió a juicio de fondo al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José Ángel (Jochi) Gómez, entre otros imputados, excluyendo el cargo de terrorismo que había sido planteado inicialmente por el Ministerio Público.