El Tribunal Colegiado de San Cristóbal impuso penas de siete y cinco años de prisión a varios miembros de una red de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada en marzo de 2020. Entre los sentenciados se encuentran Jorge Luis Herasme y Ramón Eduardo Peña Reyes, quienes deberán cumplir siete años de prisión cada uno.

Los condenados a cinco años son James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez, María Mercedes Ramona Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella, quienes recibirán la pena con suspensión. Todos los sentenciados deberán pagar multas que oscilan entre 200, 150 y 100 salarios mínimos y cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal.

Condiciones de la suspensión y multas a empresas

Los procesados con suspensión de la pena deberán seguir una serie de reglas, incluyendo la prohibición de participar en actividades relacionadas con los delitos por los que fueron sancionados. De incumplir estas disposiciones, enfrentarán la pena en prisión, específicamente en los centros para hombres y mujeres ubicados en Najayo.

El tribunal también declaró culpables a varias compañías, incluyendo Upper Promotion, S.R.L.; J&H Administración y Servicios, S.R.L.; y H&S Inmobiliaria, S.R.L., entre otras. A estas entidades se les impuso una multa de 200 salarios mínimos.

En sentencias anteriores, también fueron condenados Manuel Alejandro Puig Pérez, Jorge Elías Medina Muñoz, Ángelo Spataro Rodríguez, Luis Jiménez, conocido como Bonsai o Luis Hookah, y Domingo Adalberto Ventura González, así como otras empresas vinculadas a la red criminal.

El Ministerio Público recordó que la estructura criminal fue desmantelada el 16 de marzo de 2020, tras la interceptación de una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, proveniente de Colombia, que transportaba 700 paquetes de clorhidrato de cocaína. Posteriormente, el 27 de octubre de 2021, se llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, así como en Santiago, San Cristóbal y Punta Cana, en propiedades relacionadas con la red, en colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).