El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Interior y Policía finalizar, en un plazo de 10 días, el proceso de naturalización de 16 personas de origen haitiano que fueron beneficiadas con decretos presidenciales en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. La alta corte determinó que el ministerio vulneró derechos fundamentales al retrasar la juramentación de estos beneficiarios.

Mediante la sentencia TC/0473/26, el tribunal revocó un fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que había declarado inadmisible la acción de amparo presentada por los afectados. La decisión fue aprobada el 30 de junio de 2026, y el plazo para su cumplimiento comenzará a contar desde su notificación formal al Ministerio de Interior y Policía.

Los beneficiarios habían sido otorgados la nacionalidad dominicana por naturalización ordinaria a través de los decretos 262-20 y 297-21, emitidos bajo la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el país y registradas irregularmente. Sin embargo, denunciaron que el proceso estaba paralizado debido a la falta de juramentación, un paso esencial para obtener la documentación que acredita su ciudadanía.

La sentencia del TC señala que esta situación les impedía acceder a la cédula de identidad y ejercer derechos fundamentales como el trabajo, la educación, el libre tránsito y la seguridad social. Los 16 accionantes forman parte de un grupo más amplio de beneficiarios de decretos de naturalización en el marco del Plan Nacional de Regularización.

El Decreto 262-20, firmado por el entonces presidente Danilo Medina el 28 de julio de 2020, otorgó la nacionalidad dominicana a 750 personas, mientras que el Decreto 297-21, firmado por el presidente Luis Abinader el 30 de abril de 2021, benefició a otras 50. La sentencia del TC solo resuelve la situación de los 16 beneficiarios que presentaron la acción de amparo.

Antes de recurrir a los tribunales, los afectados habían intimado al presidente de la República, al ministro de Interior y Policía y al director general de Migración para que ejecutaran los decretos de naturalización, pero no obtuvieron respuesta. Durante el proceso, el ministerio argumentó que los accionantes no completaron el registro biométrico y otras formalidades, lo que impedía la conclusión de la naturalización.

El TC rechazó este argumento, afirmando que la publicación de los decretos imponía un deber legal al ministerio. Los jueces señalaron que el artículo 9 de la Ley número 1683 establece que, tras la publicación del decreto, el Ministro de Interior y Policía debe proceder con la juramentación y emitir el certificado correspondiente.

Además, el tribunal indicó que el ministerio no presentó documentos que justificaran el retraso, a pesar de que los beneficiarios lo habían solicitado formalmente. La alta corte también impuso una astreinte de 5,000 pesos diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia.