El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Interior y Policía finalizar el proceso de naturalización de 16 personas de ascendencia haitiana, quienes fueron beneficiados por decretos presidenciales en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. La decisión se tomó al considerar que la demora en la juramentación vulneró sus derechos fundamentales.

Además, el TC impuso una astreinte de RD$ 5,000 diarios si se retrasa la ejecución de este veredicto. La sentencia TC/0473/26 fue emitida tras acoger un recurso de revisión constitucional presentado por los beneficiarios, quienes habían buscado obligar al Ministerio a completar el proceso de naturalización.

Los beneficiarios, entre ellos Wander Labardy y Camelia St. Félix, habían recurrido al TC luego de que su acción de amparo fuera declarada inadmisible por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, que argumentó que existía otra vía judicial para reclamar sus derechos. Sin embargo, el TC determinó que el conflicto radicaba en exigir el cumplimiento de una obligación legal derivada de los decretos presidenciales.

Los decretos núms. 262-20 y 297-21, emitidos por el Poder Ejecutivo, favorecieron a estos individuos bajo la Ley 169-14, que regula el proceso de naturalización de extranjeros en el país. Según los recurrentes, el único paso pendiente era la juramentación, un requisito establecido en la Ley 1683 sobre Naturalización.

Argumentaron que la falta de este trámite les impedía obtener su documentación definitiva y acceder a derechos fundamentales como el trabajo, la educación y la seguridad social. El TC recordó que las autoridades deben ejecutar los decretos de naturalización y que la juramentación es esencial para la adquisición de la nacionalidad.

El caso se originó tras una intimación en abril de 2023 a las autoridades para que ejecutaran los decretos de naturalización. Ante la falta de respuesta, los beneficiarios presentaron una acción de amparo, que fue rechazada por el Tribunal Superior Administrativo y posteriormente revisada por el TC.

El magistrado Amaury A. Reyes Torres emitió un voto salvado, expresando su conformidad con la decisión del TC, pero sugiriendo que la sentencia debió fundamentarse también en el derecho a la buena administración. Reyes Torres destacó que la responsabilidad de ejecutar las políticas migratorias recae en el Ministerio de Interior y Policía.

En 2020, el entonces presidente Danilo Medina otorgó nacionalidad a 750 descendientes de haitianos en un proceso de naturalización que buscaba reparar la desnacionalización provocada por una sentencia de 2013.