La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) ha alertado sobre la suspensión frecuente de audiencias judiciales debido a la falta de traslado de imputados a los tribunales.

Esta situación se agrava por la ausencia de un archivo que permita a los directores de los centros penitenciarios gestionar adecuadamente la ubicación de los internos.

Rodolfo Valentín, director de la ONDP, se reunió con Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, quien confirmó que el problema radica en que algunos internos de la cárcel de San Luis son requeridos en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras.

Valentín enfatizó la necesidad de que las autoridades penitenciarias envíen un listado actualizado a los tribunales penales sobre los privados de libertad trasladados a Las Parras, lo que facilitaría la programación de audiencias.

“Los directores de centros carcelarios carecen de un archivo de los expedientes de cada imputado, lo que dificulta conocer su ubicación”, explicó Valentín.

Además, recordó que Las Parras fue inicialmente destinada a internos condenados, pero actualmente solo alberga a 2,000 de los casi 6,000 internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Esto sugiere la necesidad de reprogramar su uso, considerando que el 63 % de los internos son preventivos.

El director de la ONDP también destacó que la población carcelaria de La Victoria ha disminuido gracias a la resolución de procesos judiciales y traslados a Las Parras.

Valentín subrayó que el principal desafío del nuevo Ministerio de Justicia será la administración eficiente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Se está considerando que el nuevo edificio del Ministerio de Justicia sea el antiguo hotel Cervantes, adquirido por el Poder Judicial.

El director de la ONDP aboga por retirar al Ministerio Público del sistema penitenciario para mejorar la efectividad y proteger los derechos fundamentales de los internos.

Criticó la administración militar de las cárceles, considerándola inaceptable.

Se espera que el nuevo Ministerio de Justicia aborde problemas críticos del sistema penitenciario, como la sobrepoblación, la corrupción y las violaciones de derechos humanos.

La implementación de este ministerio podría tardar casi un año, y tendrá a su cargo la supervisión de todo el sistema penitenciario del país.

Según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el uso excesivo de la prisión preventiva ha llevado a una sobrepoblación que supera el 400 % en algunos centros correccionales, con más del 60 % de los internos en esta condición, lo que ha colapsado el sistema penitenciario dominicano.