La reciente elección de nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura plantea desafíos significativos en el ámbito de los derechos y la justicia social en la República Dominicana. A pesar de contar con leyes y derechos reconocidos, muchas personas enfrentan barreras para ejercerlos, lo que genera una distancia entre lo que se proclama y lo que se vive. La nueva presidencia de Justiniano Montero en el alto tribunal abre una etapa que debe ser evaluada en función de la capacidad del sistema judicial para responder a las demandas de la sociedad.

El contexto de esta renovación se enmarca en la publicación del Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project, donde la República Dominicana ocupa el puesto 77 entre 143 países, con una puntuación de 0.50 sobre 1. Aunque el país ha avanzado diecisiete posiciones desde 2021, la estabilidad en la puntuación entre 2025 y 2026 sugiere que aún hay mucho por hacer. Las dimensiones del índice revelan contrastes, destacando el puesto 44 en gobierno abierto, pero ubicándose en el 102 en justicia civil y el 95 en ausencia de corrupción.

Desafíos en el acceso a la justicia

La situación plantea la pregunta de qué significa realmente avanzar en apertura institucional si una parte de la población sigue enfrentando dificultades para obtener justicia. El Estado de derecho no se limita a una clasificación, sino que se pone a prueba en situaciones concretas donde las personas necesitan resolver conflictos o reclamar protección. La Constitución dominicana establece un Estado social y democrático de derecho, garantizando derechos fundamentales y el debido proceso, lo que implica que estos no deben depender de factores económicos o sociales.

El Defensor del Pueblo tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales y supervisar la actuación administrativa. Esta labor se mide a través de la Métrica de Justicia Abierta, donde el Defensor del Pueblo obtuvo una puntuación de 0.71 sobre 1, superando el promedio del ecosistema de justicia. Este resultado refleja un esfuerzo por gestionar con transparencia y rendir cuentas, aunque también indica la necesidad de avanzar en participación ciudadana.

La demora en la justicia es un problema que afecta directamente a las personas. Un expediente puede representar mucho más que un simple caso para un tribunal; puede ser el sustento de una familia o el futuro de una persona. Por ello, la nueva Suprema Corte debe fortalecer la independencia judicial, garantizar el acceso efectivo a la justicia y mejorar la calidad de las decisiones judiciales.

Propuestas para una justicia más accesible

La independencia judicial es esencial para que los jueces actúen sin presiones externas. El acceso a la justicia debe ser real y no solo legal, superando obstáculos que afectan a quienes tienen menos recursos. Además, las decisiones deben ser claras y ejecutables, ya que una resolución confusa no cumple con las expectativas de la ciudadanía.

Es fundamental que la nueva composición de la Suprema Corte no asuma la responsabilidad exclusiva de transformar el sistema. La justicia también depende de la gestión de los tribunales, la calidad de las leyes y la coordinación entre instituciones. Un Estado que responde adecuadamente desde el inicio puede reducir la necesidad de litigios.

Se propone establecer una agenda pública centrada en resultados judiciales que incluya información sobre tiempos de procesos, ejecución de decisiones y barreras de acceso. Esta evaluación debe ser respetuosa de la independencia judicial y enfocarse en quienes enfrentan mayores obstáculos, como personas con discapacidad y comunidades de bajos ingresos.

La elección de nuevos magistrados es solo el inicio de un proceso que requiere respeto a su autonomía y evaluación de avances con resultados verificables. El verdadero indicador del Estado de derecho es la capacidad de cualquier persona para reclamar ante un abuso y recibir una respuesta adecuada. La justicia debe ser una garantía para todos, especialmente para quienes tienen menos posibilidades de hacerse escuchar.