La especialista dominicana Stephany Rosario advirtió que las reformas de contratación pública deben ajustarse a la capacidad real de las instituciones y facilitar la formalización de proveedores locales, para que las compras del Estado contribuyan al desarrollo económico de las comunidades. Durante su participación en el IV Congreso Internacional de Contratación Pública en Cali, Colombia, Rosario enfatizó que no se pueden establecer reglas que no se cumplan.

Rosario, fundadora y líder de FORLEX Firma Consultora, explicó que la profesionalización de las contrataciones públicas va más allá de impartir cursos o entregar certificaciones a los servidores públicos. Destacó la importancia de fortalecer las capacidades de todos los actores involucrados en los procesos, incluyendo comités de compras, peritos y unidades técnicas.

La especialista también subrayó que el sistema debe contar con estructuras que mantengan su funcionamiento a pesar de los cambios de gobierno, sin depender exclusivamente de las personas en los cargos. Cuestionó la aplicación de las mismas exigencias a instituciones con diferentes recursos y capacidades.

Como ejemplo, Rosario mencionó que República Dominicana tiene 158 municipios y más de 200 distritos municipales, cuyas condiciones administrativas no son comparables a las de los ministerios. Afirmó que un ministerio puede contar con un departamento jurídico y equipos técnicos especializados, mientras que una pequeña junta distrital no tiene esos recursos.

Para ilustrar esta diferencia, expuso el caso de una junta distrital que necesita comprar materiales de construcción y encuentra una ferretería local capaz de suministrarlos, pero que no está formalizada para contratar con el Estado. Esto puede obligar a la junta a realizar la compra en otra localidad, posiblemente a un costo mayor.

Rosario consideró que las políticas de contratación deben tomar en cuenta estas realidades, promoviendo la formalización de negocios locales y permitiendo que el gasto público impulse la actividad económica de las comunidades. También se refirió a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que sustituye el marco vigente desde 2006, indicando que su aprobación no transforma el sistema por sí sola.

La aplicación de la nueva legislación requiere cambios en las prácticas institucionales, fortalecimiento de las capacidades de los organismos públicos y adaptación de los proveedores a las nuevas exigencias. A pesar de las críticas que persisten en el país, Rosario reconoció los avances en compras públicas que han sido valorados en escenarios internacionales.

El panel fue moderado por Enrique Díaz Bravo, de la Universidad de Sevilla, y contó con la participación de expertos de diferentes países. El congreso fue organizado por la Universidad de San Buenaventura y REDICOP, con el apoyo de la OEA y otras instituciones, reuniendo a especialistas de Iberoamérica para debatir sobre temas de modernización y profesionalización en la contratación pública.