De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), los extranjeros que soliciten una visa o residencia en Estados Unidos y que puedan convertirse en una carga pública pueden ser declarados inadmisibles. Esta situación afecta a dominicanos que tramitan la residencia por petición de un familiar o prometido(a), quienes podrían ver su caso influenciado por su situación económica o dependencia de programas de asistencia pública.
La regla de carga pública, implementada por la administración de Joe Biden en 2022, será derogada a partir del 18 de septiembre, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este cambio busca alinear la política migratoria con el mandato del Congreso, que establece que los extranjeros deben ser autosuficientes y no depender de beneficios pagados por los contribuyentes.
Evaluación de la carga pública
Para determinar si un solicitante puede convertirse en una carga pública, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) evalúa factores como la edad, estado de salud física y mental, educación, habilidades, nivel académico, capacidad laboral y situación financiera, que incluye ingresos y recursos disponibles. También se consideran los beneficios públicos que el solicitante pudiera recibir, como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y ayudas para el pago de alquiler.
USCIS también anunció que publicará una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus. Además, la prueba de carga pública no se aplicará al proceso de naturalización para convertirse en ciudadano estadounidense.
La determinación de carga pública se realiza caso por caso, considerando las circunstancias individuales de cada solicitante. USCIS indicó que proporcionará más información sobre la implementación de la nueva política y recomienda estar atentos a las instrucciones oficiales antes de presentar una solicitud de residencia.
Expertos sugieren consultar con un abogado de inmigración o un representante acreditado antes de iniciar o continuar cualquier trámite, para entender cómo estos cambios podrían afectar cada caso en particular.
