La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un aumento en las amenazas contra periodistas en Perú, incluyendo amenazas de muerte, y señaló que el nuevo Congreso ha realizado acciones que afectan el ejercicio periodístico. Esta información fue presentada en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá.
La SIP destacó que, aunque la intimidación a periodistas no es un fenómeno nuevo en el país, en los últimos años se ha vuelto más frecuente. En este contexto, mencionó el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo el 19 de septiembre en Caraz, un caso de presunto sicariato que resalta los riesgos que enfrentan quienes informan sobre temas sensibles.
El informe también subrayó que varios periodistas habían advertido previamente sobre el riesgo a sus vidas, pero no recibieron una respuesta estatal efectiva. Además, el Congreso peruano, que inició su nueva legislatura a finales de julio, se ha visto involucrado en acciones que limitan el trabajo de la prensa.
A pesar de esto, la SIP indicó que no se registraron agresiones graves contra la prensa provenientes del Poder Ejecutivo ni del Ministerio Público en los últimos meses. Sin embargo, se detallaron incidentes en los que periodistas fueron impedidos de cubrir eventos en la Cámara de Senadores y propuestas legislativas que buscaban limitar la libertad de expresión.
En el primer trimestre de este año, más de 60 periodistas peruanos sufrieron agresiones de diferentes tipos, especialmente durante la primera vuelta de las elecciones en abril. El 69% de estas agresiones fueron atribuidas a candidatos, y el 64% se relacionó con discursos estigmatizantes.
Durante la cobertura electoral, ocho periodistas fueron afectados, incluyendo a Ysrael Rivera, quien fue detenido por la policía mientras cubría el retiro de propaganda electoral. Además, el Tribunal Constitucional ordenó al diario El Comercio eliminar artículos que vinculaban a una exasesora del Ministerio de Agricultura con una organización criminal.
El informe también mencionó el ataque con explosivos a la vivienda del periodista Julio Aquise en Arequipa, quien había presentado pruebas sobre corrupción policial. Asimismo, se reportaron querellas por difamación contra los periodistas César Hildebrandt y Paola Ugaz, y amenazas de muerte contra Kenny Yucra, fundador del medio digital La Lupa.
Finalmente, otros cinco periodistas en Iquitos enfrentaron querellas tras difundir información sobre la adquisición de vehículos por parte de una fiscal, lo que refleja un ambiente hostil para la prensa en el país.
