La gestión y transformación del sistema energético nacional de la República Dominicana enfrenta importantes retos, caracterizados por una estructura mixta público-privada, altos costos operativos y subsidios recurrentes. Este sector ha sido una carga para las finanzas del país y un obstáculo para la competitividad económica y el bienestar social. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han señalado la necesidad de reformas en el sector eléctrico debido a los elevados subsidios y las pérdidas operativas que persisten desde hace décadas.

El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ha mostrado una considerable expansión en los últimos años, con una capacidad nominal instalada que se aproxima a los 6,000 megavatios (MW) al cierre de 2025. Esta capacidad se basa principalmente en generación térmica a gas natural y carbón, complementada por un aumento en la participación de fuentes renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica.

Infraestructura y generación

Entre las instalaciones más destacadas se encuentra la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que aporta 720 MW y es fundamental para la generación de carga base en el país. Además, en 2026 comenzó a operar la central de ciclo combinado Manzanillo Power Land, ubicada en Pepillo Salcedo, que aporta alrededor de 414 MW netos, fortaleciendo la transición hacia combustibles menos contaminantes.

La red eléctrica es una de las infraestructuras más complejas administradas por el Estado dominicano, esencial para el crecimiento económico y la calidad de vida. La demanda energética sigue creciendo a un ritmo superior al de la población, impulsada por la actividad económica y la urbanización.

La historia del sistema eléctrico dominicano se remonta a 1896 con la primera planta generadora en Santo Domingo. La Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) fue creada en 1955 y operó como monopolio estatal hasta la capitalización del sector entre 1997 y 2001.

Desafíos y oportunidades

La política energética actual se enfoca en la expansión de la generación basada en gas natural y energías renovables, que ya representan aproximadamente una cuarta parte de la capacidad instalada. Sin embargo, las empresas distribuidoras estatales enfrentan pérdidas que rondan el 35% al 40% de la energía servida, lo que genera un costo fiscal anual cercano a los dos mil millones de dólares.

Este escenario limita la inversión pública, ya que los recursos destinados a subsidiar el sistema eléctrico afectan otras áreas como educación y salud. Además, la gestión de la demanda eléctrica es un desafío, ya que la capacidad de generación debe ser suficiente para satisfacer la demanda máxima, evitando interrupciones y apagones.

La reconfiguración del sistema energético dominicano requiere una estrategia integral basada en cinco pilares: expansión de la generación eficiente, fortalecimiento de la transmisión, reducción de pérdidas en distribución, aceleración de la transición energética y modernización institucional. Estas transformaciones son esenciales para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible en el futuro.