El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) no cuenta con una evaluación objetiva tras 25 años de funcionamiento, lo que cuestiona la responsabilidad de las autoridades en la implementación de reformas. A pesar de que más del 97% de la población está afiliada, esto no se traduce en un acceso real a servicios de calidad ni en una protección financiera efectiva.

Desde su implementación, el SDSS ha sido elogiado por su cobertura casi universal, beneficiando a más de 10 millones de personas y acumulando un fondo significativo para el retiro. Sin embargo, estos logros no son suficientes para satisfacer las necesidades de la población ni se alinean con los objetivos prometidos al inicio de la ley.

Falta de estudios y voluntad política

A pesar de los resultados positivos en comparación con el antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), la ausencia de estudios independientes limita la comprensión del impacto real del sistema. La falta de un diagnóstico objetivo dificulta la identificación de los cambios necesarios para mejorar la situación actual.

Los informes existentes destacan que, aunque el SDSS es considerado «la conquista social de mayor trascendencia del país», también reconocen la necesidad de reformas urgentes en el sistema de salud. La polarización sobre el impacto del sistema resalta la falta de voluntad política para abordar las distorsiones y los intereses creados que obstaculizan el progreso.

La situación se complica al observar que, a pesar de la alta afiliación, las familias de menores ingresos destinan un 8.8% de su presupuesto al gasto en salud, lo que indica que la mera afiliación no garantiza una protección efectiva. Este punto, a menudo pasado por alto, subraya la precariedad de los servicios públicos.

Críticas a la privatización del sistema

Existen críticas sobre cómo la ejecución actual del SDSS prioriza la rentabilidad de actores privados, como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), en detrimento de la protección social. La Fundación ha denunciado la «captura del sistema» por grupos económicos que impiden reformas necesarias.

La falta de un análisis cualitativo del SDSS es vista como un resultado de una política pública que se adapta a las presiones de grupos de poder. Este contexto ha llevado a un consenso de inacción entre los gremios, donde se reconocen las fallas pero se evita tomar decisiones que puedan desafiar los privilegios de las minorías dominantes.

En conclusión, la ausencia de evaluaciones objetivas sobre el SDSS refleja una política pública que no solo carece de voluntad para autorregularse, sino que también mantiene barreras excluyentes y evita la transparencia en la evaluación del sistema. Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de reformas que respondan a las verdaderas necesidades de la población dominicana.