La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre señales preocupantes que indican restricciones al ejercicio del periodismo en República Dominicana, a pesar de que el país mantiene un ambiente generalmente favorable para la libertad de prensa y expresión. En su informe, la SIP mencionó la reducción de espacios de contacto entre el presidente y los medios, lo que genera inquietud sobre el acceso a la información.
En este contexto, la SIP destacó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en septiembre pasado rechazó un recurso para eliminar publicaciones de Diario Libre y Google LLC sobre una persona investigada en una red de narcotráfico. El tribunal consideró que la información era de interés público, provenía de fuentes oficiales y no se había demostrado su falsedad.
La sentencia fue valorada como crucial para el equilibrio entre la libertad de prensa, la protección de datos y el derecho al olvido. En el informe de la 82ª Asamblea General de la SIP, que concluye este domingo en Bogotá, se mencionaron también las dificultades que enfrentan los periodistas para acceder a fuentes públicas y la relación con agentes estatales.
El documento recopiló varios episodios de agresión y restricciones durante coberturas periodísticas, incluyendo el caso de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, quien fue empujado por un agente penitenciario el 15 de mayo. Otro incidente ocurrió a finales de julio, cuando Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, fue agredido y despojado de su teléfono mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia regional.
La SIP también expresó su preocupación por ciertas disposiciones del Código Penal que podrían tener efectos restrictivos sobre la investigación periodística y la denuncia de asuntos de interés público. Estos desafíos se ven agravados por el deterioro del ecosistema informativo digital.
La desinformación y el contenido sensacionalista han aumentado en la conversación pública, compitiendo con información producida bajo estándares profesionales. Aunque la expansión de plataformas digitales ha ampliado el pluralismo informativo, también ha permitido el uso de una apariencia periodística para difamar o intimidar a ciudadanos y funcionarios.

