El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela expresó su rechazo este jueves a las multas que contempla el proyecto de reforma parcial de la ley contra el odio, actualmente en estudio por la Asamblea Nacional. El sindicato instó al Parlamento a derogar completamente esta normativa, argumentando que las sanciones afectan a periodistas y medios de comunicación.

En un comunicado, el SNTP destacó que la reforma establece multas que oscilan entre 500 y 10,000 veces el tipo de cambio oficial, lo que equivale a entre 500 y 10,000 euros, además de imponer trabajos comunitarios y programas educativos de entre 200 y 600 horas. Aseguró que estas sanciones pueden poner en riesgo el patrimonio de los periodistas independientes y la viabilidad de los medios.

El sindicato enfatizó que la eliminación de las penas de prisión no es suficiente para salvaguardar la libertad de expresión. También advirtió que el miedo a investigaciones o sanciones podría influir en las decisiones editoriales, desincentivar investigaciones periodísticas y llevar al silencio a las fuentes informativas.

Asimismo, el SNTP cuestionó la necesidad de mantener la ley contra el odio, señalando que ya existen disposiciones en la legislación venezolana que abordan la incitación al odio, la discriminación y la violencia.

A principios de este mes, el Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, aprobó en primera discusión la reforma de la ley contra el odio, que busca despenalizar y establecer sanciones administrativas para quienes cometan estas infracciones. La norma debe pasar por una segunda discusión para su aprobación definitiva.

Según datos del SNTP, en enero de este año se contabilizaban 40 casos de periodistas detenidos o judicializados, de los cuales 28 estaban relacionados con imputaciones bajo la ley contra el odio. Esta ley, conocida como la ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, en un contexto de crisis política y protestas masivas en el país.

Desde la implementación de esta norma, al menos 927 personas han sido acusadas de «incitación al odio», según datos de la ONG Foro Penal, que se dedica a la defensa de los derechos humanos y los presos políticos en Venezuela.