La separación de fases en los procesos disciplinarios administrativos es fundamental para garantizar la justicia y el respeto al debido proceso, según lo establece el artículo 42 de la Ley número 107-13. Este principio asegura que las funciones de investigación y juzgamiento sean ejercidas por funcionarios diferentes, lo que previene decisiones arbitrarias y fortalece la imparcialidad en la administración pública.

La potestad sancionadora de la Administración, reconocida desde la reforma constitucional de 2010, debe ejercerse dentro de un marco que respete las garantías fundamentales de los ciudadanos. Esto implica que el procedimiento administrativo sancionador no es una mera formalidad, sino una herramienta esencial para determinar la responsabilidad administrativa de manera objetiva y justa.

Importancia de la separación de funciones

Históricamente, una misma autoridad podía investigar y sancionar, pero la evolución de la jurisprudencia ha evidenciado la necesidad de separar estas funciones. Esta separación no requiere necesariamente diferentes órganos, sino que dentro de una misma institución, distintos funcionarios deben llevar a cabo las etapas de investigación y decisión, asegurando así su autonomía.

La fase de instrucción se enfoca en esclarecer los hechos mediante la obtención de pruebas, mientras que la fase resolutoria corresponde a la autoridad que decidirá sobre la responsabilidad disciplinaria. Esta estructura garantiza que la decisión final no esté influenciada por la convicción formada durante la investigación, lo que es clave para mantener la objetividad del proceso.

Además, la investigación debe ser integral, recolectando pruebas tanto a favor como en contra del investigado, evitando así un sesgo acusatorio. La autoridad investigadora tiene la responsabilidad de actuar con imparcialidad y rigor, lo que contribuye a la legitimidad del procedimiento.

Resultados de un procedimiento justo

La fase resolutoria permite a la autoridad competente evaluar si existen fundamentos suficientes para establecer responsabilidad disciplinaria. Al hacerlo de manera objetiva, se asegura que la decisión esté debidamente motivada y se imponga la sanción correspondiente solo cuando se cumplan los requisitos legales.

La separación de funciones no debilita la potestad disciplinaria, sino que la fortalece al reducir el riesgo de arbitrariedad y reforzar la confianza en las instituciones. La legitimidad de esta potestad radica en el respeto a las garantías del debido proceso, lo que asegura que el procedimiento cumpla con su finalidad constitucional.

En resumen, la eficacia del Derecho Disciplinario depende de un equilibrio entre el ejercicio de la potestad sancionadora y la protección de los derechos fundamentales del investigado, garantizando así la legalidad y el correcto funcionamiento de la Administración.