El presidente Luis Abinader anunció la creación de un nuevo consejo y una unidad de auditoría interna en el Sistema Nacional de Salud (SeNaSa) para fortalecer los controles en la institución, que anteriormente carecía de estos mecanismos de fiscalización. La medida se produce en medio de investigaciones del Ministerio Público por un presunto esquema de corrupción administrativa que habría causado un perjuicio superior a los RD$15,900 millones.
Durante una entrevista en LA Semanal con la Prensa, Abinader explicó que la falta de un consejo y una unidad de auditoría interna representaba una falla de control estructural desde la fundación de SeNaSa. Con un decreto, el Gobierno establece que los contratos de la institución deben ser presentados ante el nuevo consejo antes de ser aprobados, a diferencia de lo que ocurría anteriormente.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aclaró que las compras de bienes y servicios de SeNaSa se regían por la Ley 340 de Contrataciones Públicas, pero los contratos con las prestadoras de servicios de salud no estaban regulados por esta legislación, lo que limitaba la capacidad de seguimiento y control de la Dirección General de Contrataciones.
Abinader también consideró necesario modificar la legislación que rige SeNaSa para incorporar formalmente estos mecanismos de control. «Pienso que hay que cambiar la ley de Senasa e incorporar esos controles», afirmó, aunque no especificó cuáles serían las otras instituciones que se evalúan para fortalecer la supervisión.
El presidente enfatizó que la evaluación no se debe a problemas detectados, sino a la necesidad de prevenir fallos estructurales en el control. «No ha habido ningún problema, pero para los controles», subrayó.
Además, Abinader informó que el Gobierno tiene un proyecto de ley en el Congreso Nacional para formalizar la Unidad Antifraude como una subdirección de la Contraloría General de la República.
Las investigaciones del Ministerio Público involucran al exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, y a otros exfuncionarios y empresarios, quienes están acusados de participar en un esquema que incluye contrataciones irregulares, sobornos y manipulación de estados financieros. La pesquisa también se ha extendido a prestadores de servicios de salud por presuntos cobros fraudulentos y servicios no realizados.

