Varios senadores dominicanos han propuesto una nueva ley para proteger a los productores de arroz nacional tras la derogación del decreto 693-24, que establecía medidas arancelarias para regular la importación de este cereal. Los legisladores instaron a las autoridades a implementar medidas que eviten una crisis en el sector arrocero.

El senador Franklin Romero, de la provincia Duarte, anunció su intención de presentar una iniciativa de ley que respalde los derechos de los productores de arroz. Aunque no detalló los aspectos específicos de la legislación, enfatizó que la propuesta buscará garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.

Romero hizo un llamado a sus colegas de otras provincias para que se unan en apoyo a los productores. Por su parte, el senador Ramón Rogelio Genao respaldó estas declaraciones, subrayando la importancia del arroz en la alimentación dominicana y la necesidad de un paquete de medidas gubernamentales para proteger el sector.

Genao destacó que en la República Dominicana se producen 14.8 millones de quintales de arroz, y que es fundamental implementar políticas que promuevan el arroz nacional y eviten que terrenos agrícolas sean utilizados para otros fines.

El senador Santiago Zorrilla también se pronunció sobre la situación, recordando que el presidente Luis Abinader ha enfrentado crisis anteriores, como la pandemia de COVID-19. Zorrilla, quien representa a la provincia El Seibo, insistió en la necesidad de legislar para proteger a quienes dependen de la producción de arroz.

El senador Antonio Marte expresó su preocupación por la difícil situación que enfrentan los productores, señalando que de las 32 provincias productoras de arroz, 23 están en riesgo. Resaltó la importancia de buscar soluciones para evitar que desaparezcan.

Los senadores coincidieron en la urgencia de legislar en favor del sector arrocero y establecer políticas que garanticen su sostenibilidad. La derogación del decreto 693-24 ha generado un amplio debate, y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) también ha expresado su preocupación por el futuro del sector.

El decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026, derogó el anterior decreto y ha sido un punto focal en la discusión sobre las políticas de protección a los productores de arroz en el país.