La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha designado al magistrado Francisco Jerez Mena para evaluar la recusación presentada contra la jueza de instrucción especial Ysis Muñiz Almonte.
Esta jueza es responsable de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta acusaciones por recibir un soborno de 10 mil dólares.
El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina Peña, confió en Jerez Mena, actual presidente de la Segunda Sala Penal, para analizar el incidente.
Su tarea será presentar una recomendación técnica al Pleno de la Corte, que decidirá si la magistrada debe continuar con el caso.
La recusación fue presentada por los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano durante la audiencia del 10 de abril.
Los defensores argumentan que la jueza comprometió su imparcialidad al permitir al Ministerio Público realizar diligencias relacionadas con la entrega vigilada de dinero.
Detalles del Caso
Los abogados sostienen que la actuación de la jueza la inhabilita para conocer el caso, ya que tuvo contacto previo con pruebas del expediente.
Sin embargo, la magistrada Muñiz rechazó la recusación y decidió no inhibirse voluntariamente, lo que llevó a que el caso fuera remitido a la SCJ para su evaluación.
La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional envió el expediente junto con la respuesta de la jueza a los cuestionamientos de la defensa a la Secretaría General de la SCJ.
Una vez que Jerez Mena presente su informe, el Pleno de la Suprema fijará una audiencia para tomar una decisión definitiva sobre la permanencia de la magistrada en el proceso.
Acusaciones contra el Fiscal
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue detenido en flagrante delito por recibir 10 mil dólares en efectivo de un investigado en un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa).
Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2026.
En una reunión con el testigo Roberto Canaán, Valdez Alcántara supuestamente propuso alterar el curso del proceso en su contra a cambio de beneficios económicos.
Inicialmente, exigió 200 mil dólares, pero luego redujo la cifra a 150 mil.
Además, el fiscal solicitó un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.
