El expresidente francés Nicolas Sarkozy exigió este miércoles «la verdad y la transparencia» en su juicio por presunta financiación ilegal de la campaña que lo llevó al Elíseo en 2007, en el que se investiga el supuesto financiamiento recibido del régimen libio de Muamar Gadafi. Durante su intervención ante el Tribunal de Apelación de París, Sarkozy reafirmó su inocencia y criticó duramente a la Fiscalía.

Sarkozy señaló que el caso se originó a partir de «mentiras y complots» y debe concluir con la verdad. Se mostró especialmente afectado por las afirmaciones del Ministerio Público que sugieren que fue «elegido en una elección trucada» y que estuvo «bajo influencia extranjera» durante su mandato por el supuesto dinero recibido de Gadafi.

El expresidente defendió la legitimidad de su elección, recordando que las elecciones de 2007 tuvieron un índice de participación del 84% y que obtuvo el 53% de los votos en la segunda vuelta. Se preguntó retóricamente si su elección había sido manipulada y enfatizó que tales acusaciones no solo le afectan a él, sino también a todos los que votaron por él.

Asimismo, rechazó la idea de que el supuesto apoyo financiero de Gadafi influyó en su política exterior, recordando que lideró la intervención internacional en Libia en 2011 junto al entonces primer ministro británico, James Cameron, que resultó en el derrocamiento de Gadafi.

Sarkozy reiteró su inocencia y expresó su preocupación por la posibilidad de ser condenado a siete años de prisión por hechos que asegura no cometió, especialmente cuando afirma que «no hay ninguna prueba» en su contra. Pidió ser juzgado por sus acciones y no por su persona.

Antes de su declaración, sus abogados argumentaron que Sarkozy tenía inmunidad presidencial por los hechos ocurridos después de su llegada al Elíseo en mayo de 2007 y que debería haber sido juzgado por el Tribunal de Justicia de la República, que se encarga de las responsabilidades de los miembros del Gobierno.

El juicio fue cerrado y se espera que la sentencia se haga pública el 30 de noviembre. La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de cárcel, dos más que la impuesta en primera instancia, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años y una multa de 300.000 euros.

En el primer proceso, Sarkozy fue condenado por asociación de malhechores, pero no por los otros tres cargos que enfrenta, lo que le llevó a pasar 20 días en prisión el otoño pasado antes de ser liberado bajo control judicial.