El influencer Santiago Matías, conocido como Alofoke, ha solicitado una fecha para enfrentar la demanda legal presentada por la diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Lugel Gasilie.
La querella penal involucra a Alofoke Media Group y a Eduardo Saint-Hilaire Ramírez, comentarista del programa «Esto no es Radio», parte de su plataforma mediática.
La acción legal fue depositada ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En esta demanda, se acusa a Saint-Hilaire y a las empresas de Matías como terceros civilmente responsables, lo que añade un nivel de complejidad al caso.
Durante la transmisión en vivo de su programa «Planeta Alofoke», Matías expresó su deseo de que el proceso legal avance rápidamente.
Afirmó que está dispuesto a comparecer ante la justicia y solicitó que el Ministerio Público, específicamente la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, le envíe la citación lo antes posible.
Detalles de la Demanda
La demanda se cifra en 100 millones de pesos dominicanos y Matías aseguró que no tiene intención de alargar el proceso.
«Mi equipo legal no va en ningún momento a pedir una prórroga de nada; nosotros vamos con todo», enfatizó, mostrando su determinación de enfrentar el caso.
Según el documento de la demanda, se alegan presuntos delitos de difamación e injuria a través de medios electrónicos, de acuerdo con la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal Dominicano. La querella sostiene que Saint-Hilaire realizó acusaciones públicas que se consideran falsas y difamatorias.
Las declaraciones del comentarista habrían vinculado al empresario Jean Claude con actividades delictivas como narcotráfico y crimen organizado, afectando la dignidad de la diputada Bautista y causando daños morales a sus hijos menores.
Además, se menciona que estas acusaciones implicaron indirectamente a otros miembros de la familia, ampliando el impacto del descrédito.
La querella también menciona que Saint-Hilaire insinuó que la posición política de Bautista fue adquirida mediante «dinero del contrabando».
Este tipo de afirmaciones no solo afecta su honor, sino que también pone en entredicho su trayectoria profesional, lo que ha llevado a los denunciantes a calificar estas expresiones como una campaña de descrédito.
Por todo lo anterior, reclaman una indemnización de 100 millones de pesos por concepto de daños morales, personales y reputacionales.
La situación ha generado un gran interés mediático, dado el perfil público de los involucrados y la gravedad de las acusaciones.
