La ciudad de San Antonio, en Texas, presentó este martes una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump para frenar la conversión de una bodega en un centro de detención migratoria con capacidad para 1,500 personas, argumentando que no se han evaluado los posibles daños ambientales y sanitarios del proyecto.
La acción legal fue interpuesta ante un tribunal federal de Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a quienes se acusa de violar la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley de Procedimiento Administrativo.
El edificio, situado en el este de San Antonio, tiene una superficie de aproximadamente 59,458 metros cuadrados y fue diseñado para almacenar mercancías, no para albergar personas. La alcaldía busca anular la decisión de desarrollar el proyecto y obtener una orden judicial que impida su ejecución de manera temporal y permanente.
El abogado municipal, Andy Segovia, afirmó que las agencias federales deben realizar una evaluación ambiental antes de llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Señaló que la instalación de hasta 1,500 detenidos podría exceder considerablemente la capacidad de los servicios básicos disponibles en el área.
Según el documento judicial, alojar a 1,000 personas requeriría multiplicar casi por quince la capacidad de alcantarillado del edificio. La ciudad advierte que, sin las adecuaciones necesarias, podrían ocurrir desbordamientos de aguas residuales y condiciones insalubres. Además, la cercanía de la bodega a una zona inundable incrementa los riesgos sanitarios y las complicaciones en caso de emergencia.
La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, indicó que el municipio intentó obtener información antes de recurrir a los tribunales. Desde febrero, las autoridades locales enviaron cinco cartas al Gobierno federal y, aunque en junio recibieron promesas de compartir informes técnicos, no hubo avances. “San Antonio se cansó de esperar”, afirmó Jones, subrayando que la comunidad merece respuestas.
El concejal Jalen McKee-Rodriguez también criticó la ubicación del centro por su cercanía a escuelas, parques y centros comunitarios, calificando el proyecto como un “campo de concentración”. Segovia advirtió que solicitará una audiencia de emergencia si se inician las obras, con el fin de detenerlas.
Esta disputa se suma a la controversia nacional sobre los planes de la Administración Trump de adquirir más de 20 bodegas en el país para convertirlas en centros de detención de inmigrantes. Detalles de esta iniciativa fueron revelados por medios estadounidenses en enero de este año.
A pesar de las objeciones de autoridades locales y las demandas judiciales, el Departamento de Seguridad Nacional ha abandonado o reconsiderado proyectos similares en varios estados, incluyendo Georgia, Utah y Michigan, según el diario USA Today.
