En República Dominicana, la salud mental enfrenta altos costos que limitan el acceso a tratamientos necesarios para quienes sufren de depresión, ansiedad y otros trastornos emocionales. Muchas personas, a pesar de cumplir con sus responsabilidades diarias, luchan en silencio con problemas de salud mental, mientras se preguntan cómo financiar su atención. La situación se complica cuando las consultas y medicamentos se convierten en gastos difíciles de afrontar, poniendo en riesgo la recuperación del paciente.
El sistema de salud dominicano presenta una contradicción: a pesar de que muchos trabajadores aportan al Sistema Dominicano de Seguridad Social, enfrentan dificultades para acceder a la atención mental que necesitan. Aunque algunas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ofrecen cobertura para salud mental, la realidad es que estas prestaciones a menudo no satisfacen las necesidades de los pacientes. Consultas parcialmente cubiertas, escasez de especialistas y costos adicionales para medicamentos son solo algunas de las barreras que enfrentan.
Impacto en las familias
Las familias se ven obligadas a reducir consultas o interrumpir tratamientos por falta de recursos, lo que agrava el sufrimiento emocional. Existe un estigma que dificulta que las personas busquen ayuda, y cuando finalmente lo hacen, se topan con el alto costo de la atención. La salud mental no se aborda de la misma manera en todos los casos, y cada paciente tiene diferentes necesidades que requieren atención continua.
La falta de atención oportuna puede tener consecuencias graves, no solo para el individuo, sino también para su entorno familiar y laboral. La convivencia se deteriora y las responsabilidades diarias se vuelven más difíciles de manejar. La salud mental debe ser una prioridad, no solo en momentos de crisis, sino también en la prevención y el acceso a servicios adecuados.
Responsabilidades del sistema de salud
Las ARS tienen la obligación de garantizar que los afiliados conozcan los servicios disponibles y las condiciones para acceder a ellos. Sin embargo, una cobertura en papel no asegura atención efectiva. Es crucial que las aseguradoras proporcionen información clara sobre los tratamientos y los requisitos necesarios para recibir atención psicológica y psiquiátrica.
Las cifras son alarmantes: según la psiquiatra Alexandra Hichez, en el país ocurre un suicidio cada 12 horas y 35 minutos. Además, el Servicio Nacional de Salud reportó más de 247,000 consultas externas de salud mental en el primer semestre de 2025, lo que evidencia la alta demanda de atención. Sin embargo, esto no refleja cuántas personas abandonan sus tratamientos por falta de recursos.
El Estado debe fortalecer las políticas de salud mental y garantizar que las promesas de atención se conviertan en acciones concretas. Es fundamental revisar las coberturas del Seguro Familiar de Salud y mejorar el acceso a medicamentos y terapias. Las autoridades deben supervisar y regular el sistema para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, puedan acceder a la atención que necesitan.
La salud mental no puede esperar, y cada día que pasa sin atención puede significar un paso hacia el deterioro de la calidad de vida de muchas personas. Es esencial que el sistema de salud garantice que nadie tenga que elegir entre cubrir sus necesidades básicas y recibir la atención emocional que requiere. La dignidad y el bienestar de cada individuo deben ser una prioridad en la agenda pública.
