En La Vega, durante los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, varias mujeres expresaron su preocupación por la ineficacia de la ruta de atención ante situaciones de violencia, que no operaba con la rapidez y coordinación necesarias. Algunas no recibían orientación a tiempo, otras no encontraban personal disponible y muchas debían esperar demasiado para obtener respuestas. En situaciones de riesgo, cada hora cuenta, ya que la demora puede traducirse en miedo y peligro.
La problemática fue registrada en el Sistema M158 como una alerta relacionada con el derecho a la integridad personal y la protección de la mujer, conforme a los artículos 42 y 55 de la Constitución Dominicana. Esto llevó a una gestión interinstitucional con los organismos responsables para restablecer la ruta de atención, mejorar la disponibilidad de personal y agilizar los puntos de contacto. La meta era garantizar que el Estado actuara antes de que el daño se volviera irreversible.
Impacto de la gestión interinstitucional
Según el Sistema M158, esta acción benefició de manera directa a aproximadamente 480 mujeres y tuvo un impacto indirecto en cerca de 1,700 personas, alcanzando un total de alrededor de 2,180 ciudadanos. Sin embargo, detrás de estas cifras se encuentra una realidad más profunda: cada mujer que recibe orientación a tiempo representa una familia protegida y una comunidad más segura.
Semanas después, organizaciones comunitarias y líderes locales confirmaron que la ruta de atención estaba funcionando nuevamente. Las mujeres comenzaron a recibir orientación, apoyo emocional, acompañamiento legal y protección inmediata. Esta mejora refleja la diferencia entre un Estado que escucha y uno que abandona a sus ciudadanos.
La importancia de una ruta de atención efectiva
Cuando una ruta de atención opera correctamente, no solo se resuelve un trámite administrativo, sino que se protegen vidas y se defiende la dignidad de las mujeres dominicanas. Este enfoque reafirma su valor como núcleo de la familia, de la comunidad y de la República. La efectividad de estas medidas es un claro indicativo de un Estado que funciona y responde a las necesidades de su población.
