El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes el inicio de una transformación del sistema judicial del país, un proceso que ha estado pendiente durante décadas y que ha cobrado relevancia tras la destitución y detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Durante un acto en el que se reconoció la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino, Paz convocó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Legislativo, la Fiscalía, universidades, organizaciones sociales y a la ciudadanía a participar en este proceso de reforma judicial.
El mandatario subrayó que este es un momento crucial para Bolivia, indicando que la actual coyuntura representa una oportunidad para implementar cambios estructurales en el sistema judicial. “Este momento será el más difícil, el más complicado para Bolivia, pero es nuestro momento”, expresó.
Paz instó al fiscal general interino, José Armando Urioste, a impulsar transformaciones en el Ministerio Público tras la salida de Mariaca. Además, aseguró que su administración mantiene “preacuerdos” con organismos de cooperación internacional para modernizar la Fiscalía y contribuir a la transformación del sistema.
Mariaca fue detenido el pasado miércoles, acusado por el Gobierno de haber estructurado una organización criminal destinada a proteger al “narcoterrorismo”, debido a presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en 2024.
La detención se produjo dos días después de que Estados Unidos incluyera a Mariaca en una lista de altos cargos y exfuncionarios a quienes se les revocó el visado por acusaciones de corrupción y acciones que socavan Gobiernos democráticos.
Un debate histórico
La transformación del sistema judicial es un tema que Bolivia ha arrastrado desde el retorno a la democracia en 1982. Uno de los cambios más significativos ocurrió durante el Gobierno de Evo Morales, con la Constitución de 2009, que estableció la elección de los principales magistrados del Poder Judicial mediante voto ciudadano, tras la selección de candidatos por el Legislativo.
No obstante, las elecciones judiciales de 2011 y 2017 se vieron marcadas por un alto número de votos en blanco y nulos, considerados como un rechazo a procesos que sectores críticos consideraron condicionados por el entonces gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Los comicios judiciales de 2024 también se desarrollaron de manera parcial debido a fallos constitucionales promovidos por candidatos inhabilitados, y aún queda pendiente la elección de siete altos cargos correspondientes al TSJ y al Tribunal Constitucional.
La crisis política de 2019, que llevó a la renuncia de Morales en medio de protestas y acusaciones de fraude electoral, reavivó el debate sobre la necesidad de reformar la Justicia en Bolivia. Durante la administración de Luis Arce (2020-2025), se realizaron al menos tres intentos de impulsar una reforma judicial, aunque no prosperaron por la falta de recursos económicos.
Con la llegada de Paz al poder y la reciente crisis en la Fiscalía, el mandatario propone una nueva convocatoria que involucre a diversas instituciones y sectores sociales para abordar una reforma que modernice el sistema judicial boliviano.
