Residentes del distrito municipal de Medina en San Cristóbal denunciaron el presunto desalojo arbitrario de varias familias, cuyas viviendas fueron derribadas sin que sus propietarios estuvieran presentes y sin una orden judicial. La alegada propietaria, Ana Evangelina Burgos, habría presentado un proceso verbal de desalojo por el que pagó RD$500 mil.

Entre los afectados se encuentran Claudina Frías Hernández, Julián Piña Correa y otros propietarios, uno de los cuales falleció en 2021. Estos aseguran que adquirieron los terrenos hace aproximadamente 15 años mediante una compra de buena fe al señor Clarence Veras Rodríguez, de la cual poseen el acto de venta correspondiente.

Los denunciantes sostienen que el proceso de desalojo fue ejecutado sin una orden firmada por un juez, a través de un acto instrumentado por el alguacil Manuel Matos Perdomo. Además, cuestionaron la validez del documento utilizado, señalando que contiene errores en la identificación de los ocupantes y menciona a Kervi Doñe Marte, quien falleció hace cinco años.

Asimismo, informaron que a principios de mayo, dos hombres encapuchados, supuestamente en representación de la reclamante, amenazaron con derribar las viviendas. Testigos indicaron que el operativo de desalojo se llevó a cabo pasadas las 8:00 de la mañana, con la participación de un amplio contingente policial que procedió a demoler las casas, dejando a las familias sin hogar.

Claudina Frías expresó su desesperación tras perder su vivienda y aseguró que nunca recibió una notificación formal que le permitiera defenderse antes del desalojo. La presidenta de la junta de vecinos Hacia un Nuevo Horizonte, Ynmaculada Piña, pidió a las autoridades investigar las circunstancias del operativo.

“Estas personas tienen 15 años que le compraron a este señor Clarence. Pedimos que se investigue este acto despiadado. Ellos no son invasores, compraron. Solicitamos la ayuda del Estado para que este caso se resuelva”, afirmó la líder comunitaria.

Otra residente, Norma Upia, quien conoce a las familias afectadas desde hace más de 15 años, reiteró que adquirieron los terrenos legalmente. “Vinieron aquí y desbarataron todo sin que nadie estuviera presente. Eso fue el abuso más grande”, declaró.

Los comunitarios solicitaron a las autoridades judiciales y al Ministerio Público revisar la legalidad del procedimiento y verificar si se respetaron las garantías procesales durante el desalojo. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial de Ana Evangelina Burgos ni de las autoridades responsables del procedimiento.