El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor «Ito» Bisonó, explicó este lunes que la República Dominicana no puede participar con tropas en las operaciones militares contra las pandillas de Haití debido a los riesgos históricos, políticos y de seguridad que conllevaría la intervención de un país fronterizo en el conflicto de su vecino. Durante LA Agenda Semanal, Bisonó sostuvo que las operaciones internacionales de paz deben observar principios de imparcialidad y legitimidad que se verían comprometidos con una intervención militar dominicana en territorio haitiano.

Bisonó identificó cuatro razones principales para justificar esta postura: la falta de imparcialidad real o percibida, el riesgo de que República Dominicana se convierta en parte del conflicto, los cuestionamientos sobre la legitimidad de su presencia militar y la posibilidad de una escalada regional. «Dos países fronterizos, la ONU no permite, no participan uno de otro en las intervenciones directas. No hay posibilidad», afirmó el funcionario.

El canciller respondió así a una intervención del presidente Abinader, quien le pidió explicar por qué República Dominicana no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desplegada con autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bisonó indicó que la primera dificultad es la imparcialidad, debido a las relaciones históricas entre ambos países, marcadas por conflictos políticos, territoriales y militares.

Una intervención dominicana podría ser interpretada como una actuación motivada por intereses nacionales particulares y no exclusivamente por los objetivos de seguridad establecidos para la misión multinacional. Además, el riesgo de que República Dominicana pase a convertirse directamente en parte del conflicto armado podría generar consecuencias que trasciendan las operaciones de seguridad.

El tercer elemento está relacionado con la legitimidad y credibilidad de la intervención. Según Bisonó, sectores de la sociedad haitiana podrían interpretar la presencia de militares dominicanos como un intento de ocupación territorial o de ejercer influencia sobre los asuntos internos de su país. La cuarta razón es el peligro de una escalada regional, ante la posibilidad de que enfrentamientos inicialmente dirigidos contra las pandillas terminen provocando tensiones entre ambos Estados.

Bisonó relacionó estos riesgos con los principios tradicionales de las operaciones de paz de Naciones Unidas, que incluyen el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el uso restringido de la fuerza. Aunque el Gobierno descarta incorporar militares dominicanos a las operaciones contra las pandillas dentro de Haití, Bisonó aseguró que el país mantiene una participación activa en el respaldo a la misión internacional.

El funcionario informó que República Dominicana ha realizado una contribución económica directa de 20 millones de dólares y facilita el tránsito de personal, equipos y suministros destinados a la fuerza multinacional. También señaló que el país permite operaciones de evacuación médica de integrantes de la misión que resultan heridos o necesitan asistencia sanitaria especializada.

Según los datos ofrecidos por el canciller, estas operaciones médicas han representado una inversión estimada de 1,061,000 dólares para el Gobierno dominicano desde el inicio de la colaboración. El apoyo incluye autorizaciones de tránsito para cargamentos de sangre, salvoconductos, cruces fronterizos, vuelos humanitarios y traslado de equipos militares.

Bisonó indicó que una de las coordinaciones más recientes corresponde al tránsito de un contingente de Bangladesh, gestionado con el Gobierno de Alemania. El canciller informó que la Fuerza de Supresión de Pandillas cuenta actualmente con aproximadamente 2,181 efectivos desplegados en Haití y que se espera completar en los próximos tres meses los 5,500 uniformados previstos.

Entre los países participantes mencionó a Bangladesh, Chad, Jamaica, Guatemala, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador. La misión tiene como propósito apoyar a los organismos de seguridad haitianos en la recuperación de territorios controlados por las organizaciones criminales, proteger infraestructuras esenciales, combatir actividades ilícitas y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria.