La República Dominicana enfrenta un desafío significativo en su política migratoria, buscando garantizar su aplicación efectiva y sin excepciones. La Dirección General de Migración reportó que en 2025 se deportaron 379,553 haitianos en condición irregular y se realizaron 6,535 operativos de interdicción. En los primeros meses de 2026, se procesaron 250,429 extranjeros indocumentados, de los cuales 186,139 fueron deportados.

Además, se ha fortalecido la frontera con la construcción de 54 kilómetros de verja, a los que se suman nuevos tramos de 13 kilómetros en Dajabón y 14.5 kilómetros en Jimaní. Esta infraestructura incluye torres de vigilancia, cámaras, fibra óptica, drones y sensores para mejorar el control fronterizo.

A pesar de estos esfuerzos, la presencia haitiana en el país es evidente en diversos espacios como calles, campos, construcciones y mercados. Aunque no hay un registro que confirme la cifra de cinco millones de haitianos en territorio dominicano, la percepción de una creciente población extranjera es innegable, lo que resalta la necesidad de contar con datos fiables sobre la situación migratoria.

El reciente partido entre República Dominicana y Haití en el Estadio Olímpico Félix Sánchez evidenció esta realidad, con una multitud haitiana presente y algunos incidentes en los accesos, como daños en una puerta del recinto. Aunque esto no indica una «invasión», sí plantea preocupaciones sobre la convivencia y el orden público.

La situación del motoconcho también es relevante, ya que si extranjeros indocumentados participan en este servicio sin licencia o incumpliendo normas de tránsito, las autoridades deben actuar de la misma manera que lo harían con cualquier ciudadano que infrinja la ley, sin privilegios ni excepciones.

Es crucial que la solución a este problema no sea discriminatoria ni arbitraria, evitando que la irregularidad migratoria se normalice. Un ejemplo claro es el protocolo aplicado en hospitales, donde entre enero y mayo de 2025, la proporción de partos de haitianas en 33 hospitales estratégicos disminuyó del 38% al 17.7%.

La República Dominicana debe aplicar su Ley de Migración con firmeza, asegurando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Controlar la frontera y quién entra, permanece y trabaja en el país es fundamental, ya que la hospitalidad tiene límites y ningún Estado puede renunciar al control de su territorio.