La República Dominicana enfrenta críticas por un acuerdo firmado entre el presidente Luis Abinader y Estados Unidos, que permite la deportación de delincuentes y narcotraficantes a territorio dominicano. Este memorándum ha generado rechazo entre la población, que considera que el país ya enfrenta suficientes problemas económicos y de seguridad sin cargar con más responsabilidades. La situación se complica debido a la falta de respaldo jurídico del acuerdo, que no fue aprobado por el Congreso Nacional.

El acuerdo ha sido calificado como un «acuerdo de intención», lo que significa que no es vinculante ni obligatorio. A pesar de esto, el presidente Abinader ha expresado su preocupación por la llegada de deportados no dominicanos, aunque ha cambiado de postura en varias ocasiones. La mayoría de los dominicanos considera que es injusto que el país asuma la carga de deportar a criminales, especialmente cuando la comunidad internacional no ha abordado adecuadamente el problema haitiano que afecta a la nación.

Además, el acuerdo ha sido anunciado por la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campo, en lugar del canciller dominicano, Roberto Álvarez, lo que ha suscitado dudas sobre la soberanía del país. La embajadora ha afirmado que la soberanía dominicana no está en juego, pero muchos ciudadanos ven esto como una intromisión en la política exterior dominicana.

La crítica se extiende a la cesión de aeropuertos dominicanos para operaciones militares estadounidenses en el Caribe, lo que recuerda a decisiones pasadas que involucraron a la República Dominicana en conflictos ajenos. La situación ha llevado a que algunos consideren que el gobierno de Abinader se está sometiendo a los intereses de una potencia extranjera.

En este contexto, la población se siente preocupada por el futuro del país y la posibilidad de que se convierta en un «pajón de mear» para Estados Unidos. La falta de claridad sobre la duración del acuerdo y el tratamiento que recibirán los deportados añade incertidumbre a la situación. La República Dominicana, a pesar de ser un socio comercial importante para Estados Unidos, debe defender su soberanía y sus propios intereses.