La República Dominicana ha decidido apelar la sentencia que la condena a pagar 44 millones de dólares a la empresa Lajun S.A.

por la administración del vertedero de Duquesa. Esta acción se considera el último recurso para evitar el cumplimiento del laudo emitido por un tribunal de Estados Unidos.

La información fue confirmada por una fuente cercana al caso, quien indicó que el Ministerio de Industria y Comercio está a cargo de la gestión del proceso.

La apelación se presenta como la única opción viable para el país.

Según la fuente, el plazo para apelar la sentencia que niega la nulidad del contrato sigue abierto.

Si no se presenta la apelación, la República Dominicana estará obligada a cumplir con lo dictado por el tribunal arbitral.

Contexto del Caso

Inicialmente, la República Dominicana había ganado un fallo favorable cuando el caso fue llevado al Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito.

En esa ocasión, el TSA aceptó la solicitud de anulación del contrato con Lajun S.A.

Sin embargo, la situación cambió cuando el presidente de Lajun, Michael Lee-Chin, llevó el caso a un tribunal de arbitraje.

El laudo inicial le otorgó parcialmente la razón, fijando una indemnización de 400 millones de dólares, en lugar de los 600 millones que solicitaba.

Los abogados del Gobierno dominicano intentaron sin éxito anular este laudo. La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly confirmó la decisión del tribunal arbitral, desestimando los esfuerzos del Gobierno para revertirla.

Desarrollo de la Disputa

La disputa se remonta a 2007, cuando un municipio dominicano firmó un contrato con Lajun Corp.

para la gestión del vertedero de Duquesa. En 2013, Lee-Chin adquirió indirectamente el 90% de Lajun a través de sus empresas.

Sin embargo, la relación se deterioró y en 2017, el Gobierno dominicano rescindió el contrato, alegando incumplimientos y daños ambientales.

Esto llevó a la toma de control total de las instalaciones en Santo Domingo Norte.

Lee-Chin consideró esta acción como una expropiación ilegal y en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), buscando una compensación que inicialmente superaba los 300 millones de dólares.