El Gobierno dominicano afirmó este miércoles que no cedió a «presiones» de Estados Unidos para aceptar un acuerdo que permite la deportación de personas de terceros países. El canciller Roberto Álvarez indicó que no había motivos para rechazar la solicitud de su «principal» socio comercial y aliado político.

Álvarez destacó en una rueda de prensa que su gobierno recibe solicitudes de todos sus socios, pero que las decisiones se toman soberanamente. Aclaró que no se ha incluido en el acuerdo el arribo de ciudadanos haitianos.

Detalles del acuerdo

El memorando de entendimiento entre ambas naciones fue anunciado recientemente, generando críticas de sectores de la oposición y de la sociedad civil, quienes lo consideran «violatorio» de la soberanía nacional. Según Álvarez, Estados Unidos enviará un máximo de 30 personas por mes, con una estadía en el país de entre 7 a 15 días.

El canciller también mencionó que el Gobierno estadounidense cubrirá todos los gastos relacionados con estas operaciones. Aunque aún no se ha determinado el lugar exacto donde permanecerán los deportados, aseguró que estarán «permanentemente bajo vigilancia» y que recibirán apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Álvarez comparó el acuerdo con otros firmados por países como Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay, señalando que las personas involucradas no son criminales, sino que no ingresaron regularmente a Estados Unidos y no están en su sistema migratorio.

El canciller enfatizó que no se trata de un asentamiento permanente ni de un proceso judicial en el país, sino de una operación de tránsito controlado y temporal, realizada bajo parámetros de soberanía nacional y cooperación internacional.

Además, Álvarez defendió la reciente decisión de declarar como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo Hezbolá, afirmando que República Dominicana condena todo tipo de terrorismo y que esta postura se alinea con sus relaciones con Estados Unidos.