El canciller Roberto Álvarez anunció que la República Dominicana aceptará deportados de terceros países enviados por Estados Unidos bajo un memorando de entendimiento que tendrá una vigencia de un año. Este acuerdo permitirá la recepción de hasta 30 deportados por mes, quienes serán retornados a sus naciones de origen en pocos días.
Durante una rueda de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Álvarez aclaró que el mecanismo utilizado será el Third Country National Agreement (TCNA), el cual establece que las personas permanecerán temporalmente en tránsito bajo estrictos protocolos. El canciller destacó que este memorando no debe confundirse con acuerdos de «tercer país seguro».
Álvarez enfatizó que el acuerdo no implica que los deportados permanecerán indefinidamente en el país mientras se procesan solicitudes de asilo en tribunales migratorios estadounidenses. El presidente Luis Abinader ya había rechazado previamente acuerdos que permitieran estadías prolongadas de migrantes en el territorio dominicano.
El canciller también mencionó que otros países, como Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras, han firmado acuerdos similares con Estados Unidos. Las personas recibidas estarán bajo custodia de las autoridades dominicanas, aunque aún no se ha definido el lugar de alojamiento.
Hasta el momento, Estados Unidos no ha realizado ninguna solicitud formal para la recepción de deportados, y cualquier requerimiento deberá ser enviado con al menos 48 horas de anticipación. Álvarez aseguró que el costo de esta operación será cubierto completamente por el gobierno estadounidense.
El canciller subrayó que el acuerdo no incluye a ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados ni personas con antecedentes penales. Al ser cuestionado sobre posibles presiones para aceptar el acuerdo, respondió que el Gobierno dominicano recibe solicitudes, no presiones.
Sobre la razón por la que Estados Unidos solicita la colaboración de la República Dominicana, Álvarez sugirió que podría deberse a la falta de vuelos directos hacia algunos países de origen de los deportados. Aclaró que los memorandos de entendimiento no se comunican con antelación y que muchos de ellos no requieren aprobación del Congreso.
El canciller concluyó que este memorando de entendimiento no es considerado un tratado y que su naturaleza no requiere pasar por el Congreso, lo que permite una implementación más ágil de los acuerdos entre países.

