Los procedimientos de justicia penal en el país se ven afectados por las reglas de prueba, según los principios del Estatuto de Roma, que no requieren que los Estados Partes modifiquen sus sistemas judiciales. Sin embargo, estas reglas no deben restringir los procesos iniciados por delitos definidos en el Estatuto.

Algunas reglas de prueba, como la exigencia de múltiples testimonios para establecer la violación, pueden llevar a absoluciones injustas. Esto se convierte en un obstáculo para la justicia, especialmente en casos de delitos sexuales donde la carga de la prueba puede ser desproporcionada.

El principio de complementariedad establece que los Estados Partes deben garantizar la investigación y el procesamiento efectivo de los crímenes enumerados en el Estatuto de Roma. Además, es fundamental que sus procedimientos penales no impidan a las víctimas denunciar delitos o la recolección de pruebas.

No todos los Estados Partes están obligados a ajustar sus reglas de procedimientos penales, aunque algunos cambios podrían ser necesarios. Sin embargo, es probable que estos ajustes afecten solo a un número limitado de reglas.

Cada acto que constituya un crimen bajo el Estatuto de Roma debe ser evaluado en función de las reglas de evidencia y procedimientos. Esto es esencial para determinar si alguna de estas reglas podría obstaculizar las investigaciones o juicios, evitando así que los responsables evadan la justicia.

Las reglas de prueba y procedimientos relacionados con delitos sexuales son particularmente problemáticas en muchas jurisdicciones, lo que resalta la necesidad de una revisión cuidadosa para asegurar un sistema de justicia más equitativo.